El Banco de España ve fuerte la demanda de vivienda a largo plazo y apuesta por privatizar sectores clave de la economía. Éste es al menos el diagnóstico que realiza el Banco de España sobre la reforma laboral que entró en vigor el 1 de julio de 2006 y que nació con el objetivo de "reducir la elevada ratio de temporalidad".
Pero que, a su juicio, tendrá unos efectos limitados porque no ha modificado el esquema básico de la contratación laboral ni ha dado mayor flexibilidad a los contratos estables. Para solucionarlo, la receta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es clara: abaratar el despido de los contratos fijos.
"Esta reforma no modifica el esquema básico de contratación laboral y, en particular, no amplía sustancialmente la flexibilidad que incorporan los contratos estables, que siguen soportando elevados costes de despido, por lo que cabe prever que sus efectos sean limitados", indica el Banco de España en su informe anual presentado ayer.
Mensaje tranquilizador
No obstante, el organismo regulador se muestra confiado en la marcha de la economía española, y aunque advierte algunos elementos preocupantes, como el desequilibrio exterior o el todavía elevado endeudamiento de las familias, lanza mensajes tranquilizadores en un tema tan sensible como el de la vivienda, que parecen alejar los nubarrones y malos augurios sobre el mercado inmobiliario.
En concreto, pronostica que la venta de pisos mantendrá un buen ritmo a medio y largo plazo como consencuencia de la pujanza de la inmigración, la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral y la reducción del tamaño de las familias, elementos que provocarán aumentos "sustanciales" del número de hogares.
Además considera que las perspectivas de la economía española apuntan a una recomposición de la estructura del gasto, gracias a una moderación de la demanda interna, con un dinamismo de la actividad a comienzos de este año mayor que a finales de 2006.
Más privatizaciones
En cualquier caso, el ex secretario de Estado de Hacienda apuesta por privatizar "sectores clave" para la economía, como el sector energético, las telecomunicaciones o el transporte ferroviario.
Aboga también por reformar el sistema educativo para adecuar la fuerza laboral a las nuevas demandas, así como por buscar soluciones a los retos que plantea la presión que ejercerá el envejecimiento paulatino de la población a las finanzas públicas.
En este último punto, considera que se deberían tomar medidas para incentivar la prologación de la vida laboral de los trabajadores y que contribuyan a racionalizar los sistemas de previsión social.
