Madrid, 17 jun (EFE).- El Gobierno prefiere que sea el juez el que decida cuál es la "situación económica negativa" por la que, según el decreto de la reforma laboral, una empresa podrá recurrir al despido objetivo de sus trabajadores.
Así lo admite el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista que hoy publica el diario Público.
El decreto-ley con la reforma laboral que ayer aprobó el Consejo de Ministros entiende que las causas económicas que justifican el despido objetivo concurren "cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa".
Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Trabajo citó las pérdidas como la causa económica, en el texto del decreto no figuran como tales, y la norma se limita a añadir que la empresa "tendrá que acreditar los resultados alegados" y justificar que de estos datos "se deduce mínimamente la razón de extinguir el contrato.
En la entrevista a Público a Corbacho se le pregunta el porqué de esta definición tan genérica, y el ministro señala que "el juez siempre tendrá la última palabra en interpretar la situación", y considera que, en cualquier caso, "hay un avance importante en la clarificación de las causas de despido".
Además, el ministro cree que no sería mejor establecer unos parámetros concretos para medir el deterioro de la empresa, porque "sería muy difícil tasar toda la casuística de este tipo".
El despido objetivo por causas económicas permite extinguir el contrato de un trabajador con una indemnización de 20 días por año, en caso de que dicho despido sea considerado procedente.
Por otro lado, Corbacho admite en la entrevista que las subvenciones al despido le costarán al Gobierno 800 millones de euros hasta 2015.
El decreto señala que el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de parte de la indemnización de los despidos en todos los contratos indefinidos, en concreto abonará ocho días.
Según el ministro esta medida estaría en vigor a partir el segundo semestre de 2011 -porque sólo se subvencionarán los contratos indefinidos que hayan tenido una duración superior a un año- y en ese periodo el coste podría estar entre 90 y 100 millones.
En caso de llegar a 2015 con estas subvenciones el coste sería de 800 millones, aunque Corbacho recordó que la intención del Gobierno es la de crear antes el fondo de capitalización de la vida laboral de los trabajadores, con el que ya no se aplicaría esta iniciativa.
