El decreto sobre la reforma laboral que tiene el Gobierno sobre la mesa elevará a rango legal la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre despido objetivo, lo que permitirá liquidar a los trabajadores una indemnización de 20 días , aunque el empresario no pruebe que con esa medida se resuelven los problemas económicos de la empresa, según informó ayer Radio Nacional.
Asimismo se incluye la generalización del contrato de fomento de empleo, que lleva implícita la indemnización de 33 días anticipado por elEconomista el pasado miércoles. El Real Decreto introducirá también el modelo austriaco, con la constitución por parte de los empresarios de un fondo con parte de la indemnización correspondiente, con un límite de 8 días.
El proyecto normativo también accede a la petición de los empresarios de que las empresas de empleo temporal puedan ofertar en sectores en los que lo tenían vedado, como la construcción.
En atención a las demandas sindicales, siempre según la filtración oficial, en la contratación temporal se limitará los contratos de obra a una duración de 2 años (actualmente no tiene límite) y aumenta la indemnización en las subcontratas de 8 a 10 días.
Reacción de los sindicatos
Tras el semifracaso de las reunión del miércoles, salvada para la opinión pública con "avances técnicos", las organizaciones sindicales hablan con más soltura de la posibilidad de una huelga general. Mientras el secretario general de UGT, Cándido Méndez advirtió que habrá paro "si el Gobierno lo provoca con un decreto que lesione los derechos de los trabajadores", su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer fue más allá y advirtió que Comisiones Obreras y UGT tienen otorgado "un mandato para ir a la huelga".
El temor de que el Gobierno adopte medidas más próximas a las posiciones empresariales ha sido respondida por el responsable de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, con la acusación de que el Ejecutivo "escucha más por el oído derecho que por el izquierdo". A lo que añadió que si se abarata el despido a 33 días y se debilita la tutela judicial del despido "se puede decir que habrá huelga general en España".
Según el dirigente de Comisiones Obreras, "una de las partes sentadas a la mesa [los empresarios], puede pensar que le va a ser más fácil aceptar el contenido del decreto del Gobierno que el resultado de una negociación, en la que tendrán que ceder para llegar a un acuerdo".
Ferrer, por su parte, reveló que en una de las reuniones de la semana pasada, al preguntar a los representantes de CEOE sobre cuál es el grado de suficiencia que debe tener el acuerdo, respondieron que "aquel que consideren los observadores", en referencia al FMI y al Banco de España.
Consejo adelantado
Con motivo del Consejo Europeo con el que concluye de facto la presidencia española de la Unión Europea, que debe celebrarse el jueves 17, el Consejo de Ministros se adelanta al miércoles 16, que será cuando se apruebe el real decreto de la reforma, con o sin consenso.
El presidente del Círculo de Economía de Barcelona, Salvador Alemany, instó ayer al Gobierno a no supeditar la reforma a la consecución de un consenso, aunque sostuvo que el diálogo social debe seguir abierto "antes y después" de la misma.
Un aliado del Partido Socialista, como ERC, también urgió al Gobierno que apruebe la reforma laboral y ponga fin al "exasperante" retraso y pidió una reforma que acabe con la rigidez y la precariedad heredadas del franquismo.
