Economía.- Sindicatos dicen que la intención del Gobierno de aprobar una reforma de "coste cero" dificulta el acuerdo

El Gobierno no concreta su propuesta de 'modelo austríaco' y desoye las propuestas sindicales para esquivar una rebaja de cotizaciones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos consideran que la mesa del diálogo social podría haber dado ya algunos frutos, si no fuera, entre otros factores, por la intención del Gobierno por cerrar una reforma laboral de "coste cero", ya que las centrales sindicales han hecho propuestas incluso de rebaja de costes para las empresas que han sido desoídas bajo el condicionante de la aprobación del decreto de medidas antidéficit.

Así lo aseguraron fuentes sindicales, que concretaron algunas de estas propuestas. En primer lugar, apuntaron que los sindicatos apoyan, en el marco de lo que se ha venido a llamar el 'modelo austríaco', que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dedique los recursos que aún no están comprometidos este año al pago de indemnizaciones por despidos procedentes durante un periodo transitorio.

Esta medida, que el Gobierno puso sobre la mesa el pasado 12 de marzo, no ha vuelto a ser objeto de análisis. Y es que, el dinero que el Fogasa podría disponer en estos momentos asciende a 3.600 millones de euros, lo que equivale a 0,3 puntos adicionales de déficit de ponerse en marcha la medida.

"Después del 12 de marzo, el Gobierno no ha avanzado ningún papel con los límites y los márgenes del 'modelo austríaco', denunciaron. Entre la propuesta del Gobierno y el momento actual, media el decreto de medidas antidéficit.

UN 'PLAN B' PARA SALVAR LA REBAJA DE COTIZACIONES.

Asimismo, los sindicatos habrían planteado un 'plan B' en caso de que la rebaja de las cotizaciones que piden los empresarios fuese el último escollo. En este punto, habría sobre la mesa dos alternativas.

La primera pasaría por que la Seguridad Social cubra el coste que actualmente supone para las empresas el pago de las bajas por incapacidad temporal desde el cuarto al décimoquinto día de ausencia del trabajador, algo que también habría que sufragar desde el erario público y que tendría un coste de entre 800 y 900 millones de euros anuales. Los sindicatos siguen a la espera de que el Gobierno se manifieste al respecto.

Por otro lado, los sindicatos han instado al Gobierno a disponer recursos para la conversión de contratos temporales a indefinidos, impulsar el empleo de los jóvenes e incentivar la contratación de los parados de larga duración, que podrían cubrirse con los fondos que hoy se dedican a las bonificaciones, sin tocar aquellas destinadas a la contratación de mujeres víctima de violencia de género y discapacitados, para lo que además harían falta más fondos.

Las mismas fuentes indicaron que uno de los principales objetivos es reducir la temporalidad para potenciar el empleo estable. Con este ánimo, CC.OO. y UGT han propuesto un incremento de dos puntos en las cotizaciones por desempleo en los contratos temporales y una reducción de un punto en las mismas cotizaciones en el caso de los indefinidos.

Dicho esto, desde el entorno sindical consideran "trágico" que las políticas antidéficit, que a su juicio no lograrán reducir el desajuste de las cuentas españolas a tiempo de cumplir con el Pacto de Estabilidad, estén "contaminando" la reforma laboral.

Por otro lado, los sindicatos denuncian que a estas alturas ya se podría haber acordado la adopción del llamado 'modelo alemán', por el que en lugar de despedir a un trabajador, la empresa puede reducir su jornada, siendo el Estado el que paga las horas restantes, mientras el empleado dedica ese tiempo a la formación, algo que también conllevaría un coste público.

Asimismo, los sindicatos apuestan por que los agentes sociales negocien en el marco de la negociación colectiva sectorial cuándo pueden intermediar las empresas de trabajo temporal.

ZAPATERO QUIERE QUEDAR BIEN EN EUROPA.

Si bien, consideraron que el problema pasa también por la necesidad del Gobierno por 'quedar bien' con Europa, que le está llevando a escorarse hacia posiciones próximas a la patronal y a marcar determinados tiempos.

Así, por ejempleo, denunciaron en tono irónico que "el tema de la temporalidad no importa tanto, sobre todo a los que tienen que hacer contrataciones".

Sólo así se explica, por ejemplo, que el Gobierno esté pensando en un decreto de reforma laboral para el próximo 16 de junio. Según los sindicatos, ello permitiría al Gobierno presentar las líneas maestras en el Ecofin del 8 de junio, analizarlo en el Consejo de Ministros del 11, y aprobarlo el 16 del mismo mes para llegar al Consejo Europeo, el último bajo la presidencia de España, con los deberes hechos.

NO AL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO.

En este contexto, los sindicatos tienen claro que si el Gobierno aprueba una reforma laboral por decreto que sea "lesiva" para los derechos de los trabajadores convocarán una huelga general, "posiblemente antes del verano". "Si hay motivos, habrá huelga en junio o cuando la tenga que haber", añadieron.

Entre las cuestiones que impiden a CC.OO. y UGT firmar un acuerdo se encuentran la extensión del contrato de fomento del empleo, que las fuentes informantes apostaron por eliminar. Según dijeron, su uso actual ya es escaso, aunque es aplicable a la mayor parte de los empleados, y sólo serviría para un "abaratamiento del despido encubierto".

Además, se opusieron a equiparar la indemnización por despido improcedente por causas objetivas y disciplinarias en los contratos de fomento en 33 días por año, ya que se abriría la puerta a que los empresarios hicieran un uso de este último, actualmente en 45 días, como lo hacen con el improcedente ordinario de 45 días, llamado 'despido expréss'.

Asimismo, las mismas fuentes hicieron hincapié en que el problema de los costes de las indemnizaciones no tienen que ver con las modalidades de contrato, sino con las causas del despido, por lo que apuestan por reforzar éstas y aseguraron que "no pasarán por una descausalización" de los despidos.

Por otro lado, las mismas fuentes indicaron que la CEOE ha llegado a proponer extender el contrato de formación hasta los 30 años con una remuneración del 85% del salario mínimo interprofesional, algo que los sindicatos han rechazado de pleno.