Economía

La UE recurre a un paraíso fiscal para blindar a España y Portugal contra los especuladores

Los caminos de la política son inescrutables, y no se descarta pactar con el diablo. Un vehículo financiero será el núcleo del mecanismo de 750.000 millones de euros recién pactado por los Gobiernos de la UE para blindar contra los ataques especulativos a países vulnerables de la zona euro como España y Portugal. Ese vehículo estará regido por la legislación del pequeño Gran Ducado de Luxemburgo.

Luxemburgo fue temporalmente incluido en primavera de 2008 en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, por la presión del G-20: el grupo de los países más ricos del planeta y las economías emergentes más prometedoras. El ducado es, junto a Austria, el último reducto del secreto bancario en el interior de la UE.

Los Gobiernos de Luxemburgo y Viena tumbaron la semana pasada los esfuerzos del Gobierno español, que este semestre ejerce la presidencia rotativa de la UE, y vetaron que el martes de esta semana hubiera dos acuerdos de lucha contra la evasión fiscal en la reunión celebrada en Bruselas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la UE.

Eurogrupo extraordinario, el viernes

Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, los 16 países que comparten el euro como moneda única, se vuelven a reunir en una reunión extraordinaria este viernes en Bruselas.

El objetivo es ultimar los detalles del mecanismo de estabilización del euro y de sus países más expuestos a los ataques de los mercados, dada la debilidad de sus presupuestos públicos. Alemania encabeza el grupo de países que desean que sus parlamentos se pronuncien cada vez que un país necesite recurrir a tal mecanismo.

El fondo de 750.000 millones de euros se compone de 250.000 millones que aportaría el Fondo Monetario Internacional (FMI), otros 60.000 que pondría la Comisión Europea del presupuesto de la UE, y 440.000 millones que el vehículo financiero especialmente diseñado para esta misión obtendría de los mercados, gracias a las garantías que le concederían los Estados europeos.

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