Las promesas de regeneración democrática de los grandes partidos, tras los casos de corrupción de los últimos meses, se harán a kilómetros de distancia de sus principales focos.
Marbella, Andraxt, Chiclana de la Frontera, Ciempozuelos, Elche, Torrevieja, Roquetas de Mar... No estamos hablando de destinos para irse de vacaciones de verano; estamos hablando del mapa de la corrupción urbanística en su versión más cercana a la política.
Partido Popular y Partido Socialista se han pasado cuatro años arrojándose a la cara todos estos casos, que han brotado por doquier en los municipios gobernados por unos y otros (y también por el resto de fuerzas políticas, que en esto no se libra nadie). Sin embargo, ahora que llega el momento de enfrentarse cara a cara con los ciudadanos de municipios y comunidades autónomas para pedirles su apoyo para los próximos cuatro años, los máximos dirigentes de los dos partidos mayoritarios, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy , han optado por formular sus compromisos de regeneración democrática a varios cientos de kilómetros de distancia de los principales focos de la corrupción urbanística.
Cádiz, Málaga, Almería o Lugo -en cuya costa , aunque con menos ruido mediático, se están gestando los mayores desarrollos urbanísticos de los próximos años- no figuran en la cargadísima agenda de eventos que en los próximos 15 días desarrollarán Zapatero y Rajoy para desembocar, finalmente, en la cita con las urnas del 27 de mayo.
En el caso de Andalucía, el poder simbólico de la Alcaldía de Sevilla parece haber pesado más en los cálculos de los gurús electorales de socialistas y populares que la preocupación de los habitantes de la Costa del Sol o de la Costa de la Luz por la catarata de casos de corrupción urbanística aparecidos en los últimos meses.
Para eso está el programa
Éstos se tendrán que conformar con escuchar las tradicionales promesas de poner coto a la corrupción de boca de los candidatos locales o, como mucho, de los dirigentes autonómicos de los dos grandes partidos. Casi siempre bajo el criterio del oportunismo. Un ejemplo: Javier Arenas, presidente del PP andaluz, cerrará su campaña electoral en Marbella, donde el escándalo salpicó a los socialistas, pero no a los populares.
En cualquier caso, tendrán argumentario de sobra para saciar la sed de explicaciones de los ciudadanos. Porque los programas marco, elaborados por PSOE y PP para las inminentes elecciones municipales y autonómicas sí inciden en la regeneración democrática y en las medidas orientadas a dificultar la aparición de casos de corrupción.
Los socialistas pueden ya con todas las de la ley enarbolar su recién aprobada Ley del Suelo (ratificada ayer por el Congreso, más información en página 33), que exigirá, por ejemplo, que quede constancia de los propietarios de un suelo recalificado en los cinco años anteriores a la transformación de su uso urbanístico o que ampliará al 30 por ciento la reserva de suelo destinada a vivienda pública en los planeamientos urbanísticos. Además, y como ejemplo de que no se busca el beneficio rápido, la práctica totalidad de las futuras VPO serán en régimen de alquiler.
El Partido Popular, por su parte, pretende ahora elevar hasta el 50 por ciento la reserva de suelo para vivienda pública y reducir los impuestos sobre la construcción, a fin de reducir precios y hacer la corrupción menos rentable.
Ambos plantean, asimismo, medidas para reforzar el control de las finanzas municipales. El PSOE, aumentando el control de las mismas por plataformas ciudadanas u órganos fiscalizadores; y el PP, endureciendo las penas contra los condenados por un caso de delito urbanístico.
Todo ello a la espera de que la eventual (y bastante probable, a juzgar por los precedentes de otras elecciones) aparición de un nuevo caso o casos de corrupción durante la campaña electoral exprima el ingenio de los creativos del PSOE y el PP para dar con nuevas soluciones para el intolerable descontrol de la política urbanística.
Lo que sí importa
Si nos alejamos de los problemas con el urbanismo, que pasan por ser la principal arma arrojadiza del discurso nacional de los partidos políticos en este tipo de convocatorias electorales, se hace complicado distinguir entre lo que proponen unos y otros para los ciudadanos de los municipios y regiones de España. En efecto, olvídense de aquello de que la derecha sólo piensa en los ricos y la izquierda en los pobres poque si se cuentan una por una por un las promesas de ambos resulta que, por ejemplo, el PP promete más medidas sociales que sus contrincantes.
En efecto, ambos han trufado sus programas electorales de multitud de pequeñas ayudas sociales para los colectivos presumiblemente más necesitados: familias numerosas, dependientes, padres con hijos menores a su cargo o con escasos recursos económicos. La confusión entre ambos programas es tal que, por ejemplo, el PP se ha comprometido a extender en las autonomías donde gobierne a todas las madres con hijos menores de tres años (y no sólo a las trabajadores) la paga de 100 euros que ellos mismos crearon cuando gobernaban.
Lo curioso es que esta medida constituía una de las iniciativas sociales que sustentaban el programa socialista en 2004 y que todavía estará esperando más de una madre que se cumpla.
También hay cosas en sentido contrario. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se vio obligado a recordar al candidato socialista a la Alcaldía capitalina, Miguel Sebastián, que su propuesta de agrupar todos los pagos municipales y abonarlos en mensualidades ya es una realidad, al igual que las reducciones en la Contribución Urbana (IBI) para las familias numerosas.
También con el entorno
PSOE y PP llevan toda la legislatura enfrentándose en el Congreso de los Diputados y en el Senado por todas y cada una de las iniciativas gubernamentales en materia de medio ambiente; sin embargo, a la hora de elaborar su programa electoral ambos partidos están de acuerdo en que lo que hay que hacer es premiar a las familias que consuman agua o electricidad de forma razonable con rebajas fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles o la misma tasa del agua.
Y es que, en el fondo, tanto populares como socialistas saben de sobra que en las elecciones municipales y autonómicas lo que cuenta es que el candidato concreto cuente con el favor del pueblo. De otra manera no se explica que en ciudades que votan mayoritariamente a la izquierda en las elecciones generales y en las autonómicas, como Cádiz, la alcaldesa sea del PP (es más, es la alcaldesa de una gran ciudad con mayor apoyo ciudadano en las urnas); o que ocurra justamente lo contrario en la ciudad de La Coruña.
Tal vez por esa razón el recorrido que Rajoy y Zapatero realizarán durante los próximos 15 días no difiera demasiado del que harían en unas elecciones generales: visitas a las capitales de provincia más importantes del país y guiños a las plazas propias en terrenos tradicionalmente ajenos.
Teruel no existe
En esta última categoría se podría encuadrar la visita de Mariano Rajoy a Vigo en los primeros días de campaña para respaldar in situ a Corina Porro, la alcaldesa por accidente de las ciudad olívica, que ha gobernado en minoría desde que el PSdeG y BNG decidieran que el pacto que tenían a nivel autonómico no les obligaba a aguantarse en el pleno vigués.
Zapatero hará lo propio en La Coruña, una ciudad de voto tradicionalmente conservador que ha sido feudo socialista durante los últimos años gracias al socialismo católico de Francisco Vázquez. Con éste en Roma y asegurada Santiago, el PSOE considera el mantenimiento de esa Alcaldía un objetivo estratégico.
Sevilla también ostenta un lugar de honor en la campaña de ambos partidos (ahora mismo la gobierna el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín). Ciudad acostumbrada a la alternancia, Zapatero y Rajoy le han hecho un sitio privilegiado en sus agendas para respaldar a sus respectivos candidatos en una de esas ciudades que marca tendencia a la hora de analizar los resultados el día después de las elecciones. Algo similar ocurre con Valencia y Zaragoza.
Lo que ocurre es que todos estos cálculos con la mirada puesta en las elecciones generales del año próximo ignoran a los de siempre. Cuando los sorianos o los turolenses promueven manifestaciones multitudinarias reclamando un lugar en la geografía política española no lo hacen sin razón. Ni Soria, ni Teruel, ni Ávila, ni Lugo tendrán la oportunidad de escuchar lo que Zapatero o Rajoy tienen proyectado para ellos.
La ruta de los candidatos calca, de hecho, el mapa de la riqueza del territorio nacional. Zamora, Albacete, Cuenca, Granada y el resto de provincias que figuran a la cola del ranking nacional en renta per cápita no aparecen en los planes de los grandes partidos.
