Economía.- PP y CiU plantean hacer una excepción con las editoriales en los plazos de pago de la nueva Ley de Morosidad

PSOE, PP y CIU acuerdan que las asociaciones de autónomos también puedan denunciar a los empresarios

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de PP y CiU quieren aprovechar el trámite en el Senado de la proposición para reformar la Ley de Morosidad para introducir excepciones en beneficio del sector editorial en la norma, que fija un máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas sin posibilidad de que las partes puedan pactar plazos superiores.

La federación catalana, principal impulsora de la norma, ha introducido una enmienda a la norma, a la que tuvo acceso Europa Press, que pide al Gobierno que determine un "régimen especial" de pagos para el comercio al por menor de libros, que tenga en cuenta las "especiales circunstancias del sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros".

CiU advierte que la ausencia de plazos de pago suficientemente largos conduciría a reducir la duración de la vida de los libros en librería y a favorecer los títulos de gran difusión en detrimento de las obras de tirada más reducida y recuerda que la legislación francesa contra la morosidad de 2008, que constituye el modelo para esta reforma ya consideró al sector "una excepción".

Más lejos va el PP, que reclama explícitamente que para las operaciones de realización, fabricación, compra, venta, entrega, distribución, comisión, pago de derechos "y cualquier actividad conexa con la actividad de edición, producción y distribución de libros", el plazo de pago sea el definido "por el acuerdo entre las partes".

EL PSOE QUIERE RECUPERAR EL "PACTO EN CONTRARIO"

Cabe recordar que la supresión de la cláusula que permite a las empresas negociar plazos superiores de pago a los del 60 días, conocido como "pacto en contrario", fue el principal escollo en el trámite en el Congreso para alcanzar un acuerdo con el PSOE, que votó en contra de dicha modificación pero fue derrotado por el resto de grupos.

De hecho, las enmiendas de los socialistas en el Senado plantean que esta posibilidad se mantenga para las compañía con facturación mayor de 100 millones de euros de facturación, algo que está lejos de realizarse ya que PP y CiU se mantienen en su rechazo global a este tipo de cláusulas y es previsible que cierren un acuerdo también sobre las editoriales.

ACCIONES COLECTIVAS Y OBSERVATORIO ESTATAL

En lo que tanto el PSOE como el PP y CiU están de acuerdo es en reforzar la posibilidad de que los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de "manera habitual" con los plazos de pago, incluyendo ahora a los trabajadores autónomos.

Así, los profesionales por cuenta propia las se sumarán a las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.

También destacan la articulación del nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad.

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