El próximo día 27, los habitantes de los 315 ayuntamientos gallegos escogerán a sus representantes locales.
Las formaciones políticas han convertido el ladrillo en el tema estrella, y por tanto, en la principal arma arrojadiza.
La jornada festiva de la democracia más cercana, será también un día de examen de la situación política de la comunidad autónoma, marcada por el pacto de gobierno entre los socialistas y los nacionalistas del BNG, que ha relegado al tradicionalmente gobernante Partido Popular a los fríos asientos de la oposición.
Galicia parte hacia las municipales de 2007 sin haber avanzado gran cosa durante los últimos cuatro años en su histórico déficit en infraestructuras, que, como mínimo, tardará un lustro más en resolverse. La autovía Transcantábrica, que conectará al fin con un doble carril por sentido los dos principales ejes industriales del tercio noroeste de España - la cornisa cantábrica y el eje atlántico -, no será una realidad hasta el año 2009 y la ansiada alta velocidad ferroviaria, que dejará Madrid a tres horas y media de viaje (hoy desplazarse en tren de Madrid a La Coruña es una tortura de cerca de diez horas), no llegará hasta 2012.
Futuro económico incierto
Mientras, la Galicia de las Rías Altas fía su inquietante porvenir industrial a los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña, que empiezan a convertirse ahora en auténticos proyectos de futuro tras superar las mil y una trabas políticas y burocráticas puestas por la Administración; y los empresarios de toda Galicia siguen demandando un mejor trato de la Xunta, para evitar la fuga de compañías (como ha ocurrido con la planta de engorde de rodaballo que Pescanova terminó llevándose a Portugal) y atraer más inversiones. De hecho, hace tiempo que el laborioso tejido empresarial gallego trabaja ya para dar el giro hacia la I+D+i y la formación como motor de crecimiento.
El reto es adaptar a Galicia el modelo que triunfó en Irlanda y el problema para lograrlo es que se trata de impulsar un sistema de alto valor añadido dentro de una economía cada vez más dependiente del tirón de la construcción, que genera ya el 10 por ciento del Producto Interior Bruto regional.
Las elecciones municipales llegan en un contexto agitado, en el que el Gobierno regional acaba de aprobar una Ley de Protección del Litoral que impide construir a menos de 500 metros de la costa, justo cuando los litorales coruñés y lucense comienzan a convertirse en objeto de deseo de promotores inmobiliarios de toda Europa. Éstos han visto en Galicia un paraíso por explotar, una vez saturados los destinos tradicionales, y los alcaldes han visto en aquéllos una fuente de ingresos inagotable.
El dilema sobre cómo afrontar ese urbanismo razonable que pretende implantar la Xunta se dirime también en las urnas. ¿Apoyarán los ciudadanos de los municipios costeros a esos alcaldes que han diseñado planes de desarrollo urbanístico casi ilimitado? Si así lo hacen, el proyecto de control urbanístico de Touriño se llevaría su primer varapalo.
La quincena de las soluciones
Con este panorama, ¿qué ofrecen las tres formaciones más votadas de Galicia para conquistar a sus convecinos? El PP ha planteado la batalla en el terreno fiscal, prometiendo un IBI social, con una rebaja del 25 por ciento para las rentas bajas y hasta del 40 para los mayores de 65 años con bajos ingresos. También promete reducir entre el 50 y el 70 por ciento el tráfico en las urbes, creando un billete subvencionado para el transporte colectivo. Más ofertas: ayudas a escolares para aprender inglés y creación de una red de policías de barrio.
El PsdeG ha empuñado la bandera del equilibrio territorial y el urbanismo responsable. La mitad del suelo disponible irá a vivienda sociales y se crearán equipamientos deportivos y culturales en los pequeños municipios.
Los socialistas también abogan por impulsar la ley de dependencia como solución laboral y económica para la que es una de las regiones españolas con menor natalidad y mayor edad media: incorporará a las ordenanzas municipales las bonificaciones sociales por tener hijos o personas dependientes a cargo y en un plazo de dos años ubicarán un centro de día o una mini-residencia de ancianos en los municipios.
El BNG creará nuevos planes generales de ordenación urbana en todos los municipios y dedicará tres de cada diez euros del presupuesto municipal a crear puestos de trabajo. Pretende además crear suelo empresarial allí donde sea preciso, como en Vigo, donde, por cierto, gobernó durante un año. Éstas propuestas y más lengua gallega componen el cuerpo central de la oferta nacionalista.
