Las empresas de cazatesoros se han fijado en las aguas españolas, bajo las que se esconden centenares de galeones con millones en monedas de oro en sus bodegas
Hace tres siglos eran delincuentes con pata de palo, parche en el ojo, botella de ron en mano y machete oxidado en ristre. Surcaban los mares, asaltaban los barcos repletos del oro del Nuevo Continente y no dejaban supervivientes a su paso. Sus barcos, eso sí, eran los más rápidos del mundo conocido... y los más temidos. En algo, en lo del miedo y su rapidez, no han cambiado los piratas. Por mucho que ahora luzcan zapatos italianos, gafas de diseño, copas de martini (con aceituna incluida) en mano y portátil en ristre. Y aunque naveguen libremente por las aguas internacionales -tanto por la superficie como por debajo-, asalten los galeones de antiguos imperios hundidos con tecnología punta y no dejen una mísera vasija a su paso. Ahora se les llama cazatesoros.
Y vaya si los cazan. Pongamos que, después de años y años de esfuerzo y búsqueda de financiación, un equipo investigador amparado por la Administración (las autonomías tienen la competencia sobre el patrimonio histórico) llega hasta un barco hundido... y se encuentra con que ya ha sido expoliado escrupulosamente. Esta situación ocurre en el 90 por ciento de los casos. Hay quien dice que en el 95.
Porque ya ha pasado por allí el cazatesoros de turno. Al que se le puede llamar pirata o al que se le puede comparar (despojándolo de todo romanticismo también) a los malos de las películas de Indiana Jones (ésos que sufren la ira de Dios cuando abren el arca de la alianza o beben del Santo Grial). La diferencia con unos y otros, en definitiva, es más que sustancial. Los reales cotizan en Bolsa y pueden permitirse el lujo de gastar 5.000 euros diarios en una campaña en busca de un tesoro subacuático.
Es el caso, por poner el ejemplo más conocido, de la Odyssey Marine Exploration norteamericana. Dicen que es la empresa cazatesoros más famosa del mundo y la más potente (no escatima gasto alguno: su robot especial ROV cuesta más de 30.000 euros). Ahora, acaba de conseguir el beneplácito del Gobierno español para buscar bajo las aguas del Estrecho de Gibraltar el HMS Sussex, un galeón de bandera británica que se hundió en 1694.
Un barco que, según la historia oficiosa, alberga en su bodega entre 3.000 y 4.000 millones de euros de hoy en día (repartidos en 10 toneladas de monedas de oro y 100 toneladas de plata) que, en principio, iban destinados al Duque de Saboya para que apoyara a la corona inglesa ante Francia. Pero se topó con el viento duro de Levante a la salida de Gibraltar un 17 de febrero y se fue a pique con sus más de 500 tripulantes (sólo dos sobrevivieron) después de tres días de tormenta. Por lo que se ve, no estaba preparado para un oleaje como el del Estrecho con una carga tan pesada. La leyenda cuenta que el cadáver de su capitán, sir Francis Wheeler, apareció en la playa unos días después con la ropa de dormir aún puesta.
Aguas nacionales
No nos engañemos y dejemos un rato las leyendas en las profundidades marinas. Si los piratas abordaban por una cuestión de supervivencia avara, los cazatesoros actuales sólo buscan el dinero y, como la Odyssey, contentar a sus accionistas en la Bolsa de Nueva York.
Es lógico. Si observamos la cotización de la empresa submarina vemos cómo una acción que andaba decaída ha conseguido un buen empujón en las últimas semanas. La explicación es simple: a finales de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español autorizó, después de años de peleas jurídicas y discusiones soberanas, a la Odyssey la exploración de una zona situada a nueve millas de la playa de la Atunara (La Línea, Cádiz) para corroborar si lo que ellos dicen que es el HMS Sussex es, en efecto, el HMS Sussex. Pero sólo para verificar la identidad del casco.
No para nada más. Porque aquí nos topamos con la legislación internacional. "El problema de la Odyssey es que lleva años explorando la zona sin autorización con una arrogancia inadmisible", denuncia Mariano Aznar, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia.
Tampoco anda muy contenta la Junta de Andalucía, que es quien tiene la última palabra sobre patrimonio histórico. El problema es el mismo: la falta de control que existe sobre las empresas de búsqueda submarina.
"Porque, desde luego, no son arqueólogos, sino simples cazatesoros que lo único que quieren es sacar tajada", denuncia Javier Noriega, de la empresa de arqueología subacuática Nerea, una compañía spin off (investigadores privados vinculados a una universidad; en este caso, la de Málaga) especializada en denunciar la actividad de los buscadores de barcos hundidos en nuestras aguas y la falta de medios (y acaso de interés) de las Administraciones para poner freno.
El negocio del arte robado
Los expertos estiman que las empresas privadas le llevan 30 años de ventaja en tecnología e infraestructura al sistema público. Ya decíamos que más el 90 por ciento de los hallazgos submarinos que se descubren habían sido expoliados antes de que llegara a ellos un equipo oficial. De hecho, el mercado negro de arte rescatado de las aguas mueve unos 3.500 millones de euros al año.
Sin embargo, aún queda mucho botín por conquistar. Sólo en el litoral andaluz hay más de 700 galeones con una carga media de tesoros que ronda los tres millones de euros cada uno.
Algo que sucede igualmente en el Caribe y en todo el litoral de Estados Unidos y Centroamérica, que es donde naufragaban las coronas pasadas. La Unesco cree que hay tres millones de embarcaciones hundidas en todo el mundo y 50.000 sólo en el litoral americano.
El antecedente de Virginia
Dos de estas naves, la Juno y la Galga, fueron encontradas cerca de las costas de Virginia por unos cazatesoros, que pretendieron hacerse con toda su carga de valor. Por lo general, nadie conoce que un cazatesoros actúa. Pero entonces trascendió y se probó que ambos navíos tenían bandera española. El Gobierno denunció la exploración empresarial y reclamó su carga. Tras meses y meses de litigios, el Supremo de Estados Unidos nos dio la razón y estableció que los legítimos propietarios de un barco hundido es el Estado al que pertenezca su pabellón, independientemente de donde esté y del tiempo que haya transcurrido.
Desde entonces, ésta es la jurisprudencia en la que se sustentan acuerdos internacionales como el que promueve la Unesco (ratificado por España y que aún no ha entrado en vigor). La organización dependiente de la ONU quiere dejar claro también que cualquier rastreo bajo el mar deberá hacerse por razones arqueológicas y culturales. Nunca por un motivo económico.
"Que eso, precisamente, es lo que persigue la Odyssey con la HMS Sussex", denuncia el profesor Mariano Aznar. A lo que añade: "Nadie discute que este barco y su carga pertenecen al Gobierno británico, pero, sobre todo, primero deben probar que se trata del Sussex".
Un extremo que no está nada claro, porque la Odyssey no ha presentado pruebas concluyentes (la campana del galeón, con su nombre grabado, suele ser el objeto más irrefutable) y nadie sabe si, ya que se ha gastado miles de euros en la misión, rescate lo primero que vea, sin importar de qué barco se trate. Se podría decir que la Odyssey ha tenido mala suerte de que todos los focos se hayan girado hacia ella y su exploración, amparada por un acuerdo secreto con el Gobierno británico por el que se repartirían los beneficios (Gran Bretaña apoya oficialmente la tesis de respetar en primer lugar los valores patrimoniales... oficialmente, claro).
O se podría decir que, una vez más, los cazatesoros se han hecho con la suya, porque el dinero caerá en su zurrón (la mitad, por lo menos). Aunque... ¿quién dice que tanta repercusión mediática convierta al Sussex en el último galeón expoliado impunemente, al menos, ante los ojos de todos (otra cosa es lo que hacen a escondidas)? Nacería entonces la maldición del Sussex. Lo que es otro cuento de piratas...
