No admitirá excepciones sectoriales con la distribución y denuncia presiones políticas de las grandes empresas
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad estaría dispuesta a negociar una revisión del periodo y plazos transitorios que hasta 2013 tendrán las administraciones públicas y empresas para adaptarse a los nuevos límites de pago a sus proveedores --de 30 días en el caso de las primeras y de 60 en el caso del sector privado-- y que fija la reforma de la Ley de Morosidad, si bien recalcó que no admitirá "excepciones de carácter sectorial" en la aplicación de la norma, como piden las patronales de la distribución.
En un encuentro con periodistas, el coordinador de la Plataforma, Pedro Torres, aseguró que las asociaciones que representan a las grandes empresas de distribución, como la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (ANGED), así como las grandes constructoras están "presionando" a los grupos parlamentarios para modificar en el Senado la normativa aprobada el pasado 24 de marzo.
Sin embargo, señaló que, si así lo considera oportuno el nuevo observatorio de la morosidad dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se podría estudiar una revisión de los periodos de adaptación a los nuevos plazos, que ahora se fijan para las administraciones públicas con una escala de 55 días para este año, 50 para 2011, 40 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación para productos frescos y perecederos --que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos, sin poder ampliarse-- el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.
EL PSOE DEFIENDE LOS PACTOS
En este sentido, Torres señaló que la supresión de la cláusula de "salvo acuerdo entre las partes" ha logrado que por fin proveedores y clientes estén en la situación de negociar "con equidad" sus contratos. Sin embargo, a continuación añadió que los grupos parlamentarios le han transmitido su intención de mantener la misma posición que mantuvieron en la Cámara Baja cuando la proposición de ley se vote en el Senado.
Así lo hará el PSOE, la única formación que apoya el "derecho de las partes a pactar", con el argumento de que su eliminación total, tal y como ha ocurrido en otro países, podría llevar a un "fracaso" de la medida. Los socialistas propusieron que esta posibilidad se mantenga para los contratos entre compañías con facturación mayor de 100 millones de euros, si bien se encontró con el rechazo de toda la oposición.
LAS AA.PP PACTAN 99 DIAS DE RETRASO
En la actualidad, y según los datos de la Plataforma a enero de 2010, los pagos entre empresas alcanzan los 101 días, frente a una media europea de 57 días, mientras que los plazos pactados pueden extenderse hasta los 77 días. Cuando se trata de pagos del sector público, los plazos se alargan hasta los 154 días --frente a una media de 67 días en la Unión Europea--, con pactos que pueden postergar los pagos hasta 99 días.
Según el experto Pere J. Brachfeld, el impacto en los balances de las empresas de las deudas por impagos de clientes asciende al 35% en el caso de las empresas industriales, pero se eleva al 80% en el de las comerciales y a cerca del 99% en las de servicios, mientras que en otros países, como Francia, se sitúa en el 15% y en Alemania en el 8%. Esta situación, supone una "importantísima" desventaja competitiva de nuestro país sobre su entorno europeo.
MEJORA DE LA LIQUIDEZ
Aunque la Plataforma celebra el cambio "conceptual" en la política de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la decisión de conceder préstamos directos asumiendo el 100% del riesgo, limitada a créditos de 200.000 euros, considera que los beneficios de la reforma legal serán "muy substanciales" para la liquidez de las pymes y autónomos en un momento "de grave restricción crediticia".
En este sentido, aseguran que la rebaja gradual del plazo legal hasta los 60 días y la supresión del pacto entre partes benefician por igual a pymes y microempresas, así como a los autónomos, "sea cual sea su sector de actividad".
ACCIONES JUDICIALES CONTRA LOS MOROSOS
La Plataforma, que engloba a más de un centenar de instituciones en representación de un millón de empresas y cuatro millones de trabajadores, celebró hoy la reunió de su Comité Ejecutivo y su Asamblea General, en la que se expresó de "forma unánime" su satisfacción "unánime" por la reforma legal aprobada por la Comisión de Industria el pasado 23 de marzo, que considera que cambia "radicalmente" la "cultura de pago" en España.
No obstante, la Plataforma advierte de que seguirá trabajando por una "correcta, puntual y amplia" aplicación de la Ley desde el momento en que sea promulgada y avisa de que su labor continuará por mucho tiempo en defensa de los intereses de las pymes y autónomos.
Torres avanzó que esto se traducirá en la presentación de las acciones judiciales que sean pertinentes, ya sea ante la Comisión Nacional de Competencia (CNC) o ante Tribunales de Justicia, si el desarrollo reglamentario de la Ley así lo permite.
INDEPENDENCIA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA MOROSIDAD
El texto aprobado hace tres semanas contempla que se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como del citado observatorio de morosidad dependiente del Ministerio de Industria, si bien la Plataforma expresó su deseo de que esta entidad sea completamente independiente, como ocurre en Francia.
La Plataforma considera que el texto se podría mejorar en este sentido, siguiendo el modelo marcado por Francia con su Ley de Modernización de la Empresas, si bien aseguran que si se aprueba en los mismos términos en que salió del Congreso se darían satisfechos.
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