Economía

El Estado dejará de recaudar 1.600 millones para generar actividad y empleo

Madrid, 9 abr (EFE).- El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto con 26 medidas anticrisis que tendrán un coste recaudatorio para el Estado de 1.600 millones de euros anuales, pero con los que se pretende impulsar la actividad económica y generar más de 350.000 empleos, fundamentalmente en la rehabilitación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha hecho hincapié en que las medidas aprobadas son fruto del consenso con los partidos políticos, que en términos generales apoyan estas iniciativas, aunque las consideran insuficientes.

Con respecto a su coste recaudatorio, Salgado señaló que no interferirá en los planes del Gobierno para reducir el déficit público al 3% en 2013, porque ya estaba previsto en el programa de estabilidad presupuestaria enviado a Bruselas.

El mayor coste recaudatorio, de 1.400 millones de euros anuales, corresponderá a la nueva deducción en el IRPF del importe de la obras realizadas en la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012.

Otros 120 millones son atribuibles al llamado vale transporte: exención en el IRPF (con un límite de 1.500 euros) de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

La aplicación de un IVA superreducido del 4% a servicios de atención a la dependencia concertados con la administración tendrá un coste de 80 millones de euros.

El impacto económico de la medida estrella, el impulso a la rehabilitación, sí que ha subido algo respecto a lo inicialmente previsto, ya que se ha ampliado hasta 53.007,20 euros la renta máxima anual que puede acogerse a dicha desgravación, aunque la deducción decrece cuanto mayor es la renta.

El 95% de los contribuyentes podrían beneficiarse de este medida, a la que se suma la aplicación de un IVA reducido del 7% para las obras de rehabilitación, que a partir de julio subirá al 8%.

La otra medida estrella aprobada, aunque fuera del real decreto, es la nueva línea de crédito del ICO que otorgará préstamos directos a pymes y autónomos de hasta 200.000 euros por proyecto y se pondrá en marcha antes del 15 de junio.

El Gobierno prevé que se intermedien unas 100.000 operaciones por parte del ICO, cuyos préstamos -vigentes en 2010 y 2011- se comercializarán a través de una red financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso público.

En apoyo a la pymes también se permitirá a las empresas recuperar de forma inmediata el IVA de las facturas impagadas desde hace más de seis meses, en cuanto el real decreto entre en vigor tras su publicación en el BOE.

En el ámbito financiero, el decreto ley incorpora la clarificación de los Sistemas de Protección Individual (SIP), conocidos como "fusión fría", que requerirán un compromiso mínimo de permanencia de 10 años a las entidades que compartan riesgos mediante esta figura, a la que el Gobierno garantizará neutralidad fiscal.

La norma también acorta de un mes a diez días el plazo que da el Banco de España a una entidad con dificultades para que presente un plan de viabilidad, y establece que si es la propia institución financiera la que detecta sus riesgos y pide ayuda al supervisor tendrá que hacerlo también presentando un plan.

El principal partido de la oposición apoyará en el Congreso la convalidación del decreto, si bien su líder, Mariano Rajoy, cree que no es un "verdadero tratamiento paliativo" para la crisis y ha señalado que el pacto de Estado que pretendía activar el Gobierno ha culminado en "una gran frustración".

El partido más crítico con las medidas aprobadas ha sido IU, que las ha calificado como la consecuencia de un "pacto de derechas que no se preocupa por el empleo" y que provocará que la crisis sea "más dura y más larga".

El sindicato CCOO lamentó que no se hayan discutido en el Diálogo Social unas medidas que "no son las necesarias para salir de la crisis", en tanto que UGT ha celebrado el consenso político, aunque reclama que el objetivo de reducción de déficit público no debe lastrar el impulso del Gobierno a la economía.

La patronal CEOE ha echado en falta reformas estructurales de "calado" que ayuden a reducir el coste de trabajo, pero se congratula de algunas de las propuestas dirigidas a facilitar la financiación de las pymes y autónomos, medida que ha valorado especialmente la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky