Al Gobierno le han entrado ahora las prisas. Para recuperar imagen e intención de voto en las encuestas necesita que la confianza vuelva a instalarse en la economía real y, para ello, es fundamental que el crédito, al menos el crédito oficial, vuelva a fluir en junio.
Ésta es una de las razones por las que el Ejecutivo ha decidido sacar la reforma del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del paquete de medidas que integran el llamado pacto anticrisis o Pacto de Zurbano, que el Consejo de Ministros aprobará mañana viernes.
En principio, el Ministerio de Economía mantiene también la fecha de mañana para dar vía libre a la nueva línea de préstamos directos del ICO a los autónomos y pymes, y justifica su segregación del documento por razones de "diferente rango normativo" y para agilizar su tramitación y puesta en marcha.
Las fuentes consultadas por elEconomista confirman que el propósito del Ejecutivo es que esta nueva línea de créditos esté en funcionamiento a partir del próximo 15 de junio y que, como figuraba en el proyecto inicial, el ICO asuma el 100% de del riesgo de estas operaciones hasta un importe máximo de 200.000 euros.
También será el Instituto de Crédito Oficial el encargado de examinar la viabilidad, el riesgo y las garantías de las solicitudes de financiación para lo que responsables de la institución han asegurado que se actuará "con criterios estrictamente bancarios".
Banco público
Eso sí, desde Economía se han dado instrucciones a la considerada como agencia financiera del Estado para que sea más flexible a la hora de aplicar estos criterios de medición del riesgo en los casos de determinadas categorías de préstamos, especialmente los relacionados con iniciativas vinculadas a la estrategia de la economía sostenible y con la creación de nuevos proyectos empresariales.
De esta forma, el ICO actuará prácticamente como un banco público, y sólo recurrirá a las entidades financieras privadas para que actúen como meros instrumentos de gestión comercial y para la tramitación de la documentación. Para ello se mantiene la propuesta de convocar un licitación que permita a una sola entidad la gestión del nuevo producto financiero.
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El ICO carece de medios para ejercer de banco público
