Abogado, ex director general de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y ex secretario de Finanzas de la UGT, Sebastián Reyna será reelegido secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), en el Congreso que esta organización, que nació para cubrir la vertiente social del trabajo autónomo, celebrará los próximos días 8 y 9 de abril .
El Congreso se celebra bajo el lema 'Los Autónomos en la Nueva Economía'. ¿Cuál es el papel de los autoempleados en esa nueva economía?
En este período de cuatro años que empezamos tenemos que hacer una profunda reconversión del colectivo de autónomos para organizarnos mejor y tener una mayor representatividad en la sociedad. Y eso pasa por dos elementos claves, las nuevas tecnologías y un sistema financiero mucho más sensible. Nuevas tecnologías, porque tenemos que convertir nuestro punto más débil, el tamaño, en nuestro punto fuerte, porque el pequeño tamaño nos permite también ser más flexibles, más ágiles y tener mayor capacidad de adaptación a las necesidades del cliente. Y eso se consigue sustituyendo la pequeña dimensión por una presencia fuera en la Red.
Y, ¿respecto a la financiación, que es hoy el mayor problema que tienen los autónomos, junto con la morosidad?
Para nuestro colectivo es fundamental que se cree un servicio público complementario a las instituciones financieras privadas que permita garantizar la financiación de los más pequeños. Eso exige readaptar el ICO, que tiene que ser más flexible, además de crear una gran red de sociedades de avales con las sociedades de garantía recíproca y esperar también a ver qué es lo que sucede con la red social de las cajas de ahorro.
¿Este nuevo servicio público está en línea con la reciente reforma del ICO para gestionar directamente el crédito oficial?
Cuando hablamos de un servicio público de financiación no estamos pensando, en absoluto, en un banco público. En este punto pensamos que la última reforma del ICO para que asuma un alto porcentaje de las garantías va en la buena dirección, además de que nos permite tener un solo interlocutor.
Y, respecto a la morosidad, la reforma de la Ley aprobada en el Congreso, ¿responde a las demandas de los autónomos?
Los autónomos y las microempresas han salido perjudicados en el último proceso de negociación parlamentaria para llegar a un consenso en la modificación de la Ley de Morosidad, con respecto a las propuestas originarias del Proyecto de CiU y a los borradores conocidos para la Ley de Economía Sostenible. El texto aprobado por la Comisión de Industria del Congreso contempla un plazo de pago máximo de sesenta días entre empresas, pero su entrada en vigor se aplaza al año 2013. Sin embargo, los textos originarios preveían que para los autónomos y microempresas el periodo de sesenta días entrara en vigor de forma inmediata. Por ello, UPTA va a presentar a los grupos políticos del Senado una enmienda para que la disposición transitoria que retrasa la aplicación del plazo de sesenta días hasta 2013 no se aplique a las empresas de reducida dimensión y a los autónomos.
Al margen de la financiación, ¿cuales son los principales objetivos del Congreso?
Tenemos dos grandes temas pendientes. Por un lado, cerrar el proceso de equiparación en materia de protección social con los asalariados. Los autónomos son el colectivo con mayor presión fiscal de este país y el que recibe menos pres- taciones. Por eso, y ahora que ya hemos conseguido que el Estado nos devuelva algo, tenemos que ir a un proceso de equiparación. El segundo es la protección por cese de actividad ampliándola a los dos tipos de jubilaciones especiales, la anticipada y la parcial. Otros retos son extender la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y también la prevención de riesgos laborales. Otro aspecto muy importante es conseguir que los autónomos participemos activamente en las negociaciones del diálogo social.
En la protección por cese de actividad ¿apoyan la propuesta de PP y CiU para ampliar el importe de cotización?
Desde UPTA nos oponemos a cualquier aumento de la cotización prevista por el Gobierno para el primer año en el 1 y el 0,5 por ciento, respectivamente, con el fin de alargar el periodo de acceso a las prestaciones. Sí hemos pedido que se aumente este período para los mayores de 60 años, sin subir la cotización y hay margen suficiente para ello.
