De momento, la orden ha llegado a las empresas públicas, obligadas ya oficialmente a meter la tijera en sus cuentas con carácter de urgencia. Las instrucciones de Moncloa son claras: las transferencias del Estado a las compañías públicas sufrirán un recorte del 36% en tres años. Jarro de agua fría... aunque sin demasiada sorpresa.
Sin embargo, y pese a lo esperado, no fue hasta finales de la semana pasada cuando la vicepresidencia económica cifraba la drástica reducción que el Gobierno tiene previsto aplicar para el periodo 2011-2013. Las directrices dadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero han causado confusión en el sector público, aún pendiente del futuro plan de reducción de estructuras y empresas públicas anunciado por Zapatero.
En teoría, en la primera quincena del mes de abril se conocerán los detalles de un plan que pretende reestructurar el entramado de empresas estatales. "No se entiende muy bien que, sin conocerse todavía cómo va a quedar la estructura de empresas públicas, exista una orden que obligue a emprender planes de austeridad con cifras concretas", aseguran fuentes consultadas por este periódico.
"Tampoco es lógico que se realice con carácter general, sin tener en cuenta la situación de cada compañía", añaden.
Recorte anunciado
Y es que, como consecuencia de este reducción, las empresas tendrán que acompasar sus gastos de forma muy notable. "Al final, si el recorte en las transferencias es de un 36%, los recortes corrientes tendrán que estar en esa horquilla. Sin duda, esto traerá consecuencias severas para sus actividades. Otra forma es que las empresas echen mano de los remanentes, lo que sería un desastre aún mayor", apunta las mismas fuentes.
De hecho, desde la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ya se había indicado a las empresas que iniciaran el diseño de planes de ahorro previendo la reducción que el Ejecutivo iba a aplicar a los presupuestos. Así, se instaba a un recorte del 15% en los gastos corrientes; de un 13%, en las inversiones; y de un 4%, en los gastos de personal.
Una deuda que no encuentra fin
Los procesos de privatización impulsados en los años 80 proyectaron un espejismo sobre la deuda de las empresas públicas adscritas a la Administración central que duró hasta 2004. Si, en 1995, ésta representaba el 3,5% del PIB; en 2004, se redujo hasta el 1,1%.
Sin embargo, actualmente, el endeudamiento de las compañías vuelve a alcanzar el 2,3%o del PIB, es decir, 25.492 millones de euros en el cuarto trimestre de 2009. De hecho, en un año, ésta ha aumentado en 4.123 millones de euros.
Hoy, la deuda de estas empresas representa el 6,1% de la deuda total que acumula la Administración central.
Objetivo, el 3% de déficit
El pasado 29 de enero, el Consejo de Ministros alcanzaba un acuerdo para la reducción del déficit público de la Administración General del Estado. Este programa se articulaba sobre dos pilares fundamentales: por un lado, el Plan de Acción Inmediata 2010 y, por otra, el Plan de Austeridad 2011-2013.
En realidad, la intención del Gobierno era lograr un ajuste global del 5,2% del PIB a finales de 2013. El Plan de Austeridad (programa en el que se enmarca la reducción de las transferencias a las empresas publicas) planteaba ya entonces un recorte generalizado del gasto que afectaría a todas las partidas, exceptuando pensiones, prestaciones por desempleo, dependencia, educación e I+D+i.
Así, antes del 1 de mayo, el Gobierno hacía publica su intención de presentarun Plan de Reestructuración del Gasto Público que implicaba la revisión de todos los programas de gasto, la racionalización de estructuras, "así como del sector público empresarial". Y es que, según el Programa de Estabilidad 2009-2013 remitido a Bruselas, el déficit público español deberá reducirse, del 11,2% en 2009, al 3% en el año 2013, año para el que se prevé, según las cuentas del Gobierno, un crecimiento del PIB del 3,1%.
De momento, el Plan de Acción Inmediata ha previsto una reducción del gasto presupuestado para este año equivalente al 0,5% del PIB para 2010. El Real Decreto de Oferta de Empleo Público, pendiente de aprobación y cuyo borrador fue publicado íntegramente por elEconomista, ya incorpora, en términos generales, una reducción del 10% de la tasa de reposición de efectivos.
Salgado anuncia recortes en las empresas públicas
