Los partidos políticos estrenarán su Ley de Financiación en las próximas elecciones generales. Con el objetivo de ganar en transparencia y controlar el dinero que entra en las arcas de las formaciones, el nuevo texto prohibirá, a partir del 1 de enero de 2008, las donaciones anónimas.
Como contrarresto ante una posible pérdida de fondos, incentivará las donaciones con beneficios fiscales e incrementará en un 20 por ciento las subvenciones estatales a las formaciones de cara al próximo año.
El miércoles, los partidos políticos fueron más protagonistas que nunca. La ley que regirá sus números fue aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso tras año y medio de tramitación parlamentaria. Finalmente, contó con el apoyo de todos los grupos a excepción del popular.
Desgravará a los donantes
El texto quiere animar a empresas y particulares a subvencionar los presupuestos de los partidos.
El camino: la desgravación a los donantes. Entre los incentivos fiscales que recoge la ley, por un lado, establece que los donantes privados a las formaciones podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Mecenazgo. Por otro, las cuotas de afiliación, así como las restantes aportaciones realizadas a los grupos, serán deducibles de la base imponible del IRPF en hasta 600 euros anuales. Además, partiendo de que la ley reconoce a los partidos la posibilidad de tener negocios propios, el texto establece que los beneficios que las formaciones obtengan de estos quedarán exentos de tributar por el Impuesto de Sociedades.
Ahora bien, finalmente, los partidos -tal y como exigió la FEMP- no quedarán exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus sedes tal y como venía reflejado en el texto inicial. La Comisión dio el visto bueno a la enmienda presentada por IU-ICV y PP que pedía eliminar esta ventaja.
Mayor presupuesto
La nueva normativa que regirá las arcas de los partidos verá engrosado su bote, de forma notable, el año que viene. Las subvenciones estatales, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, se incrementarán en un 20 por ciento en 2008 (frente al aumento del 7 por ciento este año) hasta alcanzar una financiación de 82 millones de euros, en la que se incluye una partida de 4 millones para seguridad en prevención de ataques terroristas. A partir de 2009, el alza aparecerá reflejada en los presupuestos anuales siendo, en todo caso, siempre superior al IPC.
¿Cómo se repartirá la financiación pública? Como hasta ahora, un tercio de esta partida presupuestaria se distribuirá proporcionalmente al número de escaños de cada partido. Los dos tercios restantes serán repartidos proporcionalmente en función de los votos de cada partido eliminando el requisito por el cual era necesario un mínimo del 3 por ciento de los votos (novedad que beneficia, especialmente, a agrupaciones como IU-ICV).
Donaciones con identificación
En cuanto a la financiación privada, los partidos ya no podrán contar con donaciones de carácter anónimo ni de empresas públicas. Los donantes estarán obligados a identificarse e ingresar las cantidades en cuentas abiertas para dicho fin. Además, deberán ajustarse a unos límites tanto si se trata de personas físicas como jurídicas. Si la donación se realiza a un partido el máximo quedará fijado en 100.000 euros (hoy en día está en 6.000 euros). Si el dinero va destinado a financiar una fundación -vinculada a un partido- el tope aumentó ayer hasta quedar fijado en 150.000 euros, con la obligación de formalizarse en documento público a partir de los 120.000 euros.
El texto recoge también la retirada de subvenciones a partidos contra los que se haya fijado un procedimiento de ilegalización.
En total, el PSOE pactó en el último momento con los grupos minoritarios hasta trece modificaciones entre las que además se recoge una regulación del procedimiento sancionador del Tribunal de Cuentas y la obligación de publicar los créditos pendientes de los partidos.
La ley, que sustituirá al actual texto de 1987 -tras un intento fallido de reforma en 1997-, arrancó a partir de una proposición de ley de ERC. El 10 de mayo será votada en Pleno y, de ahí, continuará su tramitación en el Senado.
