
Zaragoza, 11 mar (EFE).- Los cinco grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han aprobado de forma unánime una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a intensificar su mediación entre General Motors y el comité de empresa, a la vez que le piden que no autorice ningún expediente de regulación de empleo (ERE) que no venga refrendado con el acuerdo de la representación sindical.
La proposición era originariamente de Izquierda Unida (IU), pero los grupos, según han puesto de manifiesto sus portavoces, han trabajado para llegar a un acuerdo sobre la situación de la factoría de GM en Figueruelas (Zaragoza), sumida en una crisis por la decisión de la dirección de romper la negociación en torno al plan de reestructuración y de ahorro y el convenio colectivo.
Con la propuesta, la cámara insta al Gobierno a intensificar su labor de mediación y a transmitir a la dirección de la compañía y a los trabajadores la necesidad de que el proceso de negociación y las condiciones del plan de reestructuración concluyan con un acuerdo "que garantice el futuro y la continuidad de la planta, los intereses laborales, económicos y sociales de los trabajadores y tenga en cuenta a las empresas empresa auxiliares".
En otro de los puntos se insta a la autoridad laboral a no autorizar ningún ERE que no venga refrendado con acuerdo con representación sindical, así como que la concesión de cualquier ayuda o aval "esté supeditada al acuerdo con el comité de empresa en la resolución del plan de reestructuración y de la negociación del convenio, de manera socialmente responsable con trabajadores y con la sociedad aragonesa".
Además se pide al Ejecutivo que haga un "adecuado seguimiento" de las ayudas publicas que se concedan y a solicitar información del plan de viabilidad a futuro en el marco de la planificación de GM a nivel europeo.
El diputado de IU Adolfo Barrena ha calificado de "chantaje" la estrategia de la empresa al abandonar las negociaciones de forma unilateral y ha añadido que "no se puede permitir" que la multinacional imponga "sus reglas del juego", después de haber roto "el esquema de una negociación normal y responsable".
En este sentido, ha lamentado que la dirección de GM haya chantajeado también a la administración autonómica al trasladarle la responsabilidad de aprobar, o no, los expedientes de regulación de empleo planteados como una forma de "quitarse de encima a los trabajadores que le sobran".
Los gobiernos central y de Aragón, ha añadido Barrena, pueden hacer uso de los respectivos avales para la planta, de 250 y de 200 millones de euros, respectivamente, para dejar claro que si no hay un acuerdo "social" y "negociado" no habrá dinero.
Por el PSOE, Joaquín Ibáñez ha insistido en que el Gobierno no aceptará un ERE sin acuerdo, mientras que Javier Callaú (PAR) ha hecho hincapié en el ejercicio "claro" de responsabilidad del comité de empresa en las negociaciones, pero también ha dicho que las instituciones públicas deben ser "extremadamente cautelosas" para no favorecer la ruptura "definitiva" de las negociaciones.
Es esencial, a su juicio, resolver el problema porque ante una marca con problemas el comprador "se retrae" y la solución debe encontrarse pronto para empezar a producir el nuevo modelo del Meriva "cuanto antes".
El portavoz de CHA, Chesús Yuste, ha reconocido que el momento es "tenso y difícil", y ha discrepado de que la solución a la crisis de GM tenga que venir pactada del ámbito europeo, algo que a su juicio puede no beneficiar a la planta de Figueruelas.
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