El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF alcanzaron hoy un acuerdo sobre el Estatuto del Empleado Público, que establecerá condiciones homogéneas para los 2,5 millones de funcionarios, entre las que destaca el derecho a la negociación colectiva y a la supresión de la temporalidad.
En rueda de prensa conjunta, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mostró su "enorme satisfacción" por un acuerdo que recoge de manera formal un aspecto previsto en la Constitución que hasta ahora "no se había regulado" y que, tras ser ratificado por los órganos sindicales y superar los trámites parlamentarios, entrará en vigor a principios de 2007.
Este punto de vista fue compartido por los sindicatos, que consideraron "satisfechas" varias conquistas sociales, como el derecho a la negociación colectiva, a la supresión de la temporalidad, la mejora de las condiciones salariales y el reconocimiento de la carrera profesional.
Sevilla aseguró que el texto respeta las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios, si bien contiene las condiciones "mínimas homogéneas" para todos los funcionarios del Estado, que permitan "mejorar y modernizar" la Administración Pública.
Con este Estatuto se pretende que la continuidad de los puestos de trabajo de los funcionarios dependa de lo que se haga en éstos, de forma que una parte de la retribución vaya ligada al desempeño.
Retribución ligada al desempeño
Esta medida "motivará a los empleados", mejorará sus condiciones de trabajo, así como el servicio que ofrecen a la ciudadanía, precisó Sevilla.
Asimismo, el texto recoge medidas para suprimir la situación de temporalidad de aproximadamente 600.000 trabajadores públicos, ya que establece que las distintas administraciones podrán convocar concursos para que esas plazas se conviertan en fijas.
Además, aquellas administraciones que no las saquen a concurso tendrán que pagar la antigüedad que les corresponda a los trabajadores con contratos temporales.
El nuevo estatuto también recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones.
Retribuciones básicas iguales
Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración.
Por otra parte, el estatuto propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión.
En cuanto a las normas de acceso y a la forma de selección de los empleados públicos, a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
Al respecto, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, aclaró a EFE que estas materias serán objeto de negociación colectiva.
No obstante, los sindicatos no podrán participar en los órganos de selección de personal, como exigieron en un principio, aunque sí tendrán derecho a opinar, negociar y aportar criterios.
Los trabajos para la creación de un nuevo estatuto comenzaron hace más de un año, con un informe elaborado por una Comisión de Expertos que ha servido como punto de partida para el documento final.
