Seguridad Social financia 86% plazas formación especialistas Medicina Trabajo

Madrid, 12 abr (EFECOM).- La Seguridad Social financia el 86 por ciento de las plazas de formación de médicos especialistas en Medicina del Trabajo, anunció hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, durante el II Encuentro Nacional de Delegados de Prevención de UGT.

De las 105 plazas de Médicos Internos y Residentes (MIR) en la especialidad de Medicina del Trabajo convocadas en 2006-2007, 90 se financiarán por dieciséis mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social.

Hasta ahora, las mutuas financiaban la formación de estos especialistas, pero el Ministerio de Trabajo considera que son un factor "fundamental" en la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, por ello ha aumentado su colaboración con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Como consecuencia, la oferta de MIR en Medicina del Trabajo para 2007 ha crecido un 47 por ciento y ha pasado de 71 plazas de 2006 a 105 este año y para 2008 la Seguridad Social previsiblemente formará como especialistas a más de 150 médicos.

Granado dijo que la Seguridad Social va a doblar en esta legislatura la plantilla de facultativos que hay en el INSS, ya que empezó con 300 médicos y acabará con más de 600.

Recordó que hasta 2005 la especialidad de Medicina del Trabajo se impartía con enseñanzas lectivas en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en escuelas habilitadas y por ello el número de médicos "estaba cayendo brutalmente y amenazaba a la prevención de riesgos de las empresas".

El secretario de Estado dijo que las mutuas ya no harán programas de prevención "sin control" del Ministerio de Trabajo y se refirió a la resolución, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, que establece los criterios y sectores básicos en cuanto a prevención de riesgos laborales que las mutuas hacen con cargo a la Seguridad Social.

La resolución establece la coordinación con los servicios de las comunidades autónomas y asistencia técnica a las PYMES, que en el caso de tener menos de 6 trabajadores, el empresario asumirá la actividad preventiva y las que tienen hasta 49 trabajadores se designará a un trabajador para dicha función.

Incluye programas de formación específica a empresarios, mandos y trabajadores, un código de buenas prácticas o programas de desarrollo de I+D+i para investigar la incidencia de trastornos musculoesqueléticos, que se consideran "prioritarios", así como las enfermedades profesionales generales o agentes físicos como el ruido, radiaciones ópticas, entre otros.

Granado alentó a los delegados nacionales de prevención de UGT a que los comités de empresa exijan que estos programas se desarrollen en las empresas.

"No solo se integra el trabajo de las mutuas en la Administración", afirmó Granado, también "lo que antes se hacía de manera privatizada en la asociación de mutuas se ha asumido por la Administración y coordinando la Seguridad Social con la secretaria general de Empleo", afirmó.

Granado hizo referencia al nuevo cuadro de enfermedades profesionales, que recoge no sólo las enfermedades con origen profesional cierto sino también otra lista de enfermedades "sin certeza" de que su origen sea profesional.

Para entrar en el sistema de Seguridad Social, dijo, no será a través de una declaración del empresario que "era un cuello de botella", sino por los médicos de las entidades de la Seguridad Social, en colaboración con la inspección de Trabajo, de la inspección médica de las comunidades autónomas y de los propios trabajadores implicados.

Este procedimiento tendrá bases telemáticas, sin papel, dentro del objetivo del Gobierno de "papeles cero" y permitirá "detectar" la enfermedad laboral en España y así poder cambiar las condiciones de trabajo.

"En el sistema de protección social, el reconocer una prestación por enfermedad profesional es reconocer un fracaso, ya que lo importante es la detección", afirmó y dijo que este carácter preventivo está presente en el decreto que aprueba el Cuadro de Enfermedades Profesionales, que entró en vigor el 1 de enero.

Según Granado, la viabilidad del sistema "exige" la prevención y defensa de la salud de los trabajadores como objetivo prioritario ya que "el dinero mejor gastado de las empresas es que se destina a la salud de los trabajadores".

En este sentido, recordó a los delegados que "a veces merece la pena perder 1 décima de punto de salario en favor de la salud laboral". EFECOM

lgp/pam

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky