Economía

(avance) el gobierno espera crear 350.000 empleos con la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética

- Propone una deducción del 10% en las obras dirigidas a la eficiencia y a mejorar la accesibilidad de discapacitados

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El Gobierno presentó este lunes su propuesta de medidas para acordar con las fuerzas políticas en el marco del acuerdo para la recuperación de la economía con las que espera crear 350.000 empleos en los próximos dos años gracias a la rehabilitación de edificios.

En nota de prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que la propuesta del Gobierno incluye una deducción “extraordinaria” de un 10% sobre el coste de las obras de rehabilitación de las viviendas que estén destinadas a la mejora de la eficiencia energética, a la renovación de los suministros y a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Según apuntó Salgado, esta reducción tendrá un límite de 12.000 euros y podrán acceder a ellas las personas con rentas inferiores a los 33.007 euros. El plan se aplicará a las obras que comiencen antes del 31 de diciembre de 2012.

También explicó que se aplicará el IVA reducido, que en la actualidad es del 7% y a partir de julio pasará a ser del 8%, en todas las obras de rehabilitación de viviendas, no sólo en las destinadas a estos fines.

La vicepresidenta avanzó que la propuesta del Ejecutivo propone también la creación de un plan especial para la rehabilitación energética de 2.000 edificios públicos (1.000 del Estado y otros 1.000 de las comunidades y ayuntamientos), que permitirá dar empleo a los parados de la construcción en una actividad “conexa” a la que venían realizando, a la vez que se mejora “nuestra eficiencia energética”.

Para mejorar el acceso de las pymes y los autónomos a la financiación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podrá conceder “préstamos directos” de hasta 200.000 euros en los que el organismo público asumirá la cobertura del 100% del riesgo.

Asimismo, se limitará el plazo para que las administraciones públicas paguen sus facturas a 30 días, y el de las grandes empresas a 60 días.

(SERVIMEDIA)

01-MAR-10

MFM/lmb

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