Desde el 29 de marzo, todo el Código Técnico de la Edificación (CTE) es de aplicación obligatoria en todos los nuevos edificios. ¿Todo? No, salvo dos documentos básicos: el de protección frente al ruido y el de accesibilidad.
Éste aún está en preparación, y el primero, el más polémico, está pendiente del dictamen del Consejo de Estado para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
Una vez reciba el visto bueno del Gobierno, el documento sobre ruido (DB-HR) no entrará en vigor de forma obligatoria inmediatamente. Como pedían, los agentes implicados (promotores, arquitectos, aparejadores, fabricantes de ladrillos y materiales...) disfrutarán de un periodo transitorio en que la nueva normativa no será de aplicación obligatoria y coexistirá con la actual (NBE-CA 88), vigente desde hace más de 25 años. Ese periodo aún está por fijar definitivamente, pero oscilará entre ocho y 12 meses, según reveló a elEconomista el secretario general de la Asociación Española contra la Contaminación por el Ruido (Aecor), Juan Frías.
Ese plazo es suficiente para Aecor y los fabricantes de ladrillos y aislantes acústicos. En cambio, es corto para arquitectos y constructores, que exigían 18 meses.
Escasez de materiales
El DB-HR es el documento del CTE más temido por los promotores. Éstos se quejan de la escasez de materiales en España necesarios para cumplir las nuevas y estrictas exigencias de aislamiento acústico. Eso puede alargar los plazos de ejecución de las obras, según Javier López-Ulloa, presidente de la Comsión Técnica de la patronal de los promotores madrileños (Asprima).
Sin embargo, según el secretario general de Aecor, es "falso" que no haya materiales, pues "muchos de sus fabricantes son multinacionales que llevan haciendo esto en muchos países desde hace mucho tiempo". Por eso, argumenta Frías, esos fabricantes son "los primeros interesados" en que todo entre en vigor.
Otra novedad del DB-HR es que permite la realización de mediciones in situ de edificios terminados para verificar que cumplen con las nuevas reglas. Esas mediciones se harán cuando esté en el proyecto, sea solicitado por alguno de los agentes (incluidos los usuarios) o sea exigido por la legislación aplicable. Esto último significa que lo determinarán las comunidades autónomas, porque tienen transferidas las competencias para ello. Esas mediciones "levantan ampollas" entre los promotores, según Frías, porque temen que les lluevan denuncias de los usuarios por deficiencias en el aislamiento acústico.
