Cree que lo "procedente" hubiese sido debatir la fórmula en la reunión y tacha la actitud del Ejecutivo de "deslealtad infinita"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)
Los conselleiros de Presidencia y Facenda, Alfonso Rueda y Marta Fernández Currás, respectivamente, denunciaron que la propuesta que hizo hoy el Gobierno central a la Xunta para resolver el conflicto sobre la Ley de Cajas gallega fue que el Ejecutivo autonómico "firmase la ley andaluza" o suspender la reunión prevista para la tarde porque "no habría posibilidad de pacto" y reclamaron al Estado que aclare en qué consiste esta alternativa.
En una rueda de prensa, el titular de Presidencia manifestó su "estupor, indignación y sensación de comprobar el grado máximo de deslealtad" del Ejecutivo español con la Xunta. Asimismo, confirmó que el encuentro se suspendió después de que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, lo llamase en torno a las 13.00 horas.
"La llamada era para decir que, literalmente, o la reunión de esta tarde servía para que la delegación de la Xunta firmase la ley andaluza de cajas o lo mejor era que no fuésemos a la reunión porque no íbamos a alcanzar ningún acuerdo", afirmó. Asimismo, los representantes de la Xunta reprocharon que el Ejecutivo central no aclaró en qué consiste la propuesta. "No sabemos lo que se debate en estos momentos", apuntó la titular de Facenda.
Rueda explicó que, tras recibir ayer otra llamada de Zarrías para convocar la reunión que estaba prevista para hoy, el secretario de Estado de Cooperación Territorial se comprometió también a enviar un documento al Gobierno gallego para que el encuentro sirviese para "seguir avanzando".
Sin embargo, criticó, el planteamiento de hoy se hizo "sin documentos ni aclaraciones" y la Xunta desconoce si la pretensión es asumir "la totalidad" de la ley andaluza, lo que se refiere a los preceptos impugnados o a aquellos sobre los que aún no hay acuerdo.
Fernández Currás recordó precisamente que en el encuentro del pasado martes, ambos ejecutivos llegaron a un pacto para la modificación de seis de los puntos recurridos y se remitió a que este acuerdo fue posterior a la propuesta --hecha el lunes-- del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de "copiar" la ley andaluza para justificar que no se aceptase la alternativa ofrecida hoy por Zarrías.
Lo "procedente", dijo el conselleiro, sería haber mantenido la convocatoria de la reunión y debatir la propuesta en ese contexto. Criticó que, al contrario, las "sorpresas no terminaron" con la llamada de Zarrías, sino que "había otra persona que conocía la suspensión: el alcalde de Vigo", Abel Caballero, que anunció la cancelación "al mismo tiempo" que la Xunta era informada.
INTENCIONES POLITICAS, NO JURIDICAS
Para el titular de Presidencia "es inadmisible y de una deslealtad infinita" que un alcalde tenga "más información" que el gobierno autonómico. Ahora, afirmó, "queda claro no tiene intenciones jurídicas, sino políticas".
En este sentido incidió también la responsable de Facenda, quien consideró que, con este gesto, la Xunta "tristemente confirmó sus sospechas" de que la intención del Ejecutivo estatal es "bloquear" la ley gallega y "castigar a Galicia sin presencia en el nuevo escenario financiero". La normativa autonómica, sostuvo, "es constitucional y resiste la comparación con otras leyes" y "la prueba" es que, en los puntos sobre los que se llegó a un acuerdo el martes, se "acompasaron" los preceptos con los de los textos de otras autonomías.
Fernández Currás censuró la actitud del Gobierno central y dijo no entender que ahora proponga "un corta y pega" de la ley andaluza, cuando el propio Zarrías había rechazado esta posibilidad cuanto el Gobierno gallego propuso acompasar la norma gallega con la de otras comunidades. Además, criticó que en el debate se plantearon asuntos que van "más allá" de los contenidos en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
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