MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
CiU ha presentado una Proposición no de Ley para simplificar las obligaciones administrativas destinadas a documentar las operaciones vinculadas en el caso de autónomos, pymes y microempresas, en la que incluye la eliminación de estas exigencias en el caso de operaciones que no superen los 100.000 euros.
Además, pide "reconsiderar y suprimir" para pymes el régimen de sanciones vigente en todo aquello que afecte a irregularidades administrativas formales cuando éstas no tengan un efecto relevante sobre los ingresos de la Hacienda Pública.
Según recuerda el texto de la proposición a la que tuvo acceso Europa Press, la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal de 2006 modificó el texto refundido del Impuesto sobre Sociedades en relación a este tipo de operaciones, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones documentales.
Este régimen no tiene en cuenta el perjuicio económico que su incumplimiento pueda ocasionar a las arcas de la administración tributaria y puede derivar en sanciones para una empresa de reducida dimensión a partir de 66.000 euros por operación, según argumenta la formación catalanista.
"La normativa debe aplicarse por igual en operaciones millonarias, realizadas por grandes empresas multinacionales, y a operaciones de reducido importe efectuadas por microempresas en sus relaciones vinculadas, sin ningún tipo de distinción", explica.
Esta redacción afectaría especialmente a trabajadores autónomos, pymes y microempresas, ámbito en el que se dan muchas operaciones vinculadas como consecuencia de su reducida dimensión y de la estrecha relación entre propiedad y empresas. Operaciones como el alquiler del local de la actividad o la cesión de intangibles.
Para los trabajadores autónomos y para las pequeñas y medianas empresas el coste administrativo de documentar la totalidad de las operaciones vinculadas "es inasumible" y "contrario a los principios de simplificación administrativa" para mejorar la competitividad de las empresas que recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, según CiU.
"El hecho de que la norma no establezca ningún tipo de distinción ni límite a la aplicación generalizada de la misma provoca una agravio comparativo hacia pymes", añade.
Ante estas circunstancias, CiU indica que "simplificar la documentación administrativa exigida a las empresas, especialmente a las pymes, es compatible con las exigencias de información de la administración tributaria".
Por ello, insta a "impulsar modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias para excluir de la obligación de documentar las operaciones vinculadas a aquellas operaciones cuyo importe conjunto no supere los 100.000 euros en valor de mercado".
