Madrid, 30 mar (EFECOM).- El Tribunal Constitucional declaró hoy inconstitucional el decreto-ley de reforma laboral de 2002, que provocó la única huelga general de 24 horas que tuvo que afrontar el Gobierno de José María Aznar, así como una crisis de gobierno y la salida del ministro de Trabajo de entonces, Juan Carlos Aparicio.
En su sentencia, el TC da así la razón a la Junta de Andalucía y los grupos parlamentarios del PSOE, IU y Mixto, sólo algunos de los múltiples recurrentes que tuvo esta norma.
El 24 de mayo de 2002 el Consejo de Ministros aprobó la reforma del sistema de protección por desempleo por Real Decreto-Ley, porque Aparicio consideró que "no era bueno crear expectativas de cambio normativo muy prolongadas".
Entre otros aspectos, la norma establecía que los límites en los que un parado estaba obligado a aceptar un empleo se fijaba en una distancia de 30 kilómetros y dos horas de desplazamiento.
También consideraba que un empleo adecuado es la profesión habitual del trabajador durante el primer año de paro y, tras ese plazo, el servicio público de empleo podría ofertar un empleo que no coincidiera con la profesión del parado, siempre que el trabajador recibiese antes un curso formativo.
El desempleado podría, hasta un máximo de tres veces, rechazar una oferta de empleo adecuada o un curso formativo, aunque el primer rechazo se penalizaría con un recorte de tres meses en la prestación, el segundo con seis meses y el tercero con la extinción del derecho.
La norma delimitaba el cobro de los salarios de tramitación, los que se perciben mientras un juez decide si un despido es procedente o no-, a los casos en los que el despido fuera improcedente y el juez obligara a la readmisión del trabajador.
Asimismo, extinguía progresivamente el subsidio de desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, de manera que sólo lo mantendrían quienes lo cobraban en Andalucía y Extremadura, mientras que el resto entraría en un sistema de cotización semejante al Régimen General.
Al conocer la noticia, los secretarios de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, arremetieron contra el contenido del "decretazo" así como el procedimiento con el que el Gobierno aprobó la reforma.
Ambos sindicatos afirmaron entonces que la reforma justificaba aún más la huelga general para el 20 de junio, que habían convocado un día antes de que se aprobase el decreto, ante la falta de acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de la Ley Básica de Empleo.
Antes, el 11 de abril, Aparicio adelantó a los agentes sociales sus propuestas para esta reforma, que el Gobierno quería entrase en vigor el 1 de enero de 2003.
El 17 de abril, el Gobierno entregó a los agentes sociales el documento -elaborado por los Ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda- con las citadas medidas, que los sindicatos consideraron inaceptables.
El 22 de abril, los sindicatos pidieron la retirada de la propuesta y advirtieron que iniciarían movilizaciones a partir del 1 de mayo, que culminaron, el 23 de mayo, con la convocatoria la convocatoria de un paro general para el 20 de junio.
El 4 de julio, una vez celebrada la huelga general, el presidente del Gobierno, José María Aznar y el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, pidieron a los sindicatos que se reanudara el diálogo social, aunque el 15 de julio se mantuvieron las movilizaciones con motivo de la celebración del debate sobre el estado de la Nación.
El 17 de julio Cándido Méndez y José María Fidalgo mantuvieron el primer encuentro con el nuevo ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, tras la renovación del Ejecutivo el 9 de julio, y el 26 de ese mes se reunieron con Rato.
El 1 de octubre, Zaplana avanzó a los sindicatos los cambios de los puntos conflictivos del "decretazo", entre ellos la restitución parcial de los salarios de tramitación en despidos improcedentes o la protección de desempleo para fijos discontinuos, así como la compatibilidad del cobro del paro con otras rentas o indemnizaciones y las mejoras en el subsidio agrario y de los autónomos.
El 7 de octubre Zaplana, Fidalgo y Méndez mantuvieron un encuentro para tratar de las modificaciones y el 17 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley de reforma de la protección del desempleo, que eliminaba los aspectos esenciales del "decretazo". EFECOM
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