La propuesta contempla respetar la causalidad de los contratos y extender los 33 días a los jóvenes. El Ejecutivo facilitará los cambios normativos para que se pueda utilizar el "modelo alemán".
Impulso a la contratación indefinida y de calidad pero no al contrato único, potenciar el contrato a tiempo parcial, promoción de la reducción de la jornada laboral, revisión de las bonificaciones a la contratación para concentrarlas en los colectivos con mayores dificultades de empleo y mayor control del absentismo son las principales líneas que inspiran el proyecto de reforma laboral del Gobierno que, sin embargo, abre también la puerta a un abaratamiento real, que no legal, del coste del despido.
El documento sobre las Líneas de Actuación en el Mercado de Trabajo que presentó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a las centrales sindicales y a la CEOE, abre una reflexión sobre las indemnizaciones por despido, al plantar si "no resultaría más eficiente para el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo reforzar y racionalizar, como señala la letra del Estatuto de los Trabajadores, el principio de casualidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y despidos económicos y, particularmente, la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente de estos últimos".
En esta línea el propio documento se responde que "el creciente recurso al despido que se reconoce por las empresas como improcedente ha provocado el efecto de descausalizar y, por ello, facilitar un buen número de despidos y, a cambio, ha hecho un lugar común en el debate público que 45 días por año de servicio sea el coste ordinario de la indemnización por finalización de la realización laboral en nuestros país cuando la legislación vigente establece que esta cuantía tan sólo es de aplicación a los despidos o extinciones laborales de carácter injustificado".
La dificultad de demostrar la causalidad de despido, al no estar claramente definida por ley, supone una mayor utilización de los despidos más baratos por parte de las empresas. Ya que las empresas se ven inmersas en una laguna de trabas burocráticas para demostrar finalmente un despido objetivo.
El Gobierno ha planteado también la posibilidad de incorporar modificaciones en el contrato indefinido de fomento del empleo (que tiene un despido de 33 días por año trabajado) para ampliar su utilización. Este contrato fue aprobado en la reforma de 1997 y tenía como objetivo inducir a las empresas a contratar indefinidamente. El problema se encuentra en que tan sólo se podía emplear para ciertos colectivos, que demostraban problemas de empleabilidad.
Otro de los puntos por el que también se abarataría el despido se encuentra en la propuesta de realizar contratos de trabajo para jóvenes en formación que coticen.
Reforzar la actual contratación a tiempo parcial es otra de las cuestiones que introdujo Rodríguez Zapatero, quien abrió la puerta a cambios en el uso de este contrato, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, de forma que su utilización por parte de las empresas se pueda extender y se abra a más colectivos que los actuales.
Fomento del empleo estable
"Hay que usar todo su potencial", señaló Zapatero, quien, sin embargo, matizó que no habrá pérdida de derechos de los trabajadores en las indemnizaciones por despido y que no se ha planteado ninguna propuesta nueva de contratación.
Actualmente, el empresario puede efectuar este contrato con jóvenes parados de entre 16 y 30 años, trabajadores en desempleo mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados que lleven inscritos en las oficinas de empleo al menos durante seis meses ininterrumpidos, y mujeres en paro cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. El contrato de fomento del empleo estable, creado en la reforma de 1997, puede aplicarse a aquellos trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato temporal celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.
El Gobierno fomentará también la implantación en España del llamado "modelo alemán" que permite reducir el horario laboral y cobrar prestación del Estado.
