MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Grant Thornton denunció hoy que las restricciones contractuales sobre la elección de un auditor constituyen una de las principales
barreras para la entrada de otras firmas auditoras en un mercado acaparado por cuatro organizaciones excesivamente grandes, según informó la compañía en un comunicado.
Es una de las conclusiones de Grant Thornton a la consulta abierta por la International Organization of Securities Commissions
(Iosco), sobre la situación del sector de la auditoría en la que se incluyen propuestas para reducir el nivel de concentración.
Entre las causas de esta situación, Grant Thornton destacó la existencia de cláusulas que restringen la elección de auditor, impidiendo la libre competencia y no teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y la calidad y capacidades de otras firmas auditoras.
La firma propuso a los organismos reguladores que dichas cláusulas
se hagan públicas y que se desincentive su uso por parte de los distintos agentes del mercado.
En España, cuatro firmas auditaron en 2008 al 95,4% de las empresas cotizadas, según el último dato publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La concentración alcanza el 100% en el caso de las empresas que cotizan en el Ibex 35.
Unos niveles "excesivos" si se tiene en cuenta que el tamaño medio de las compañías españolas cotizadas no justifica, en la mayoría de los casos, la necesidad de recurrir a enormes organizaciones de auditoría, según explicó la compañía.
Sin embargo, en otros mercados las empresas comienzan a ampliar
su rango de elección. Así, la capitalización bursátil de las compañías que Grant Thornton audita en Londres y Nueva York es equiparable a la de todo el Ibex 35.
La compañía propone a los organismos reguladores que hagan públicos los acuerdos que limitan la elección de auditor y que desincentiven la firma de cláusulas restrictivas no justificadas por parte de empresas, asesores e intermediarios financieros.
Asimismo, piden que se obligue a los inversores institucionales, los agentes que intermedian y otras entidades financieras a hacer públicas sus políticas respecto a la designación de firmas auditoras, así como a que comuniquen los resultados de los controles de calidad que se realizan a las firmas de auditoría.
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