Economía

Las claves del pacto: dinero por empleo

El Gobierno espera que las empresas conviertan a un millón de temporales en empleados indefinidos

Una de cada tres personas que trabajan en España lo hace con un contrato temporal. No se trata simplemente de una realidad estadística, es también el principal problema del mercado de trabajo.

La temporalidad se asocia a precariedad, a salarios bajos, a falta de formación y a baja productividad. No es extraño, por tanto, que Gobierno y agentes sociales hayan puesto en los últimos años la lucha contra la temporalidad excesiva en el punto de mira del diálogo social.

La reforma laboral firmada el pasado 9 de mayo por Gobierno, empresarios y sindicatos no es una excepción. Gobierno y sindicatos han accedido a reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas, abaratar el despido y prolongar los incentivos por hacer contratos indefinidos; a cambio sólo piden una cosa: que los empresarios conviertan en fijos al millón de trabajadores temporales que se supone que ocupan puestos estables en la empresa

Las 35 medidas

Reducir la temporalidad es el objetivo básico de la reforma y a él se dirigen de una forma u otra las 35 medidas contenidas en el acuerdo.

Apoyo a la contratación estable. El pacto recupera la figura del contrato de fomento de la contratación indefinida, cuya principal característica es que su indemnización por despido es de 33 días con un máximo de 24 mensualidades frente a los 45 días con un máximo de 42 mensualidades. Se podrá aplicar a todos los trabajadores que estuvieran trabajando ya en la empresa como temporales con el único límite de que el contrato se celebre antes del 31 de diciembre de 2007.

Se prevé un nuevo programa de bonificaciones de entre 500 y 3.200 euros para la contratación de determinados colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. ¿Las novedades? Se amplía de dos a cuatro años el periodo durante el que las empresas percibirán las ayudas y se incorpora al grupo de colectivos bonificados los jóvenes de entre 16 y 30 años.

El acuerdo impulsa también un Plan extraordinario para la reducción de la temporalidad, que reconocerá una bonificación de 800 euros anuales para todas las conversiones de temporales en fijos que se hagan antes del 31 de diciembre de 2006. Con este plan, el Ejecutivo espera que más de un millón de temporales pase a ser fijo.

Por último, el pacto concreta la primera rebaja general de cotizaciones desde 1995. Las cuotas empresariales por desempleo de los contratos fijos pasarán del 6 por ciento del salario al 5,75 por ciento a partir del próximo 1 de julio y bajarán hasta el 5,5 por ciento el 1 de enero de 2008.

El pago de cuotas al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que da cobertura a los trabajadores afectados por despidos colectivos, también se reducirá a la mitad, del 0,4 al 0,2 por ciento del salario bruto.

Control sobre los contratos.

El otro ariete de la batería institucional contra la temporalidad serán las medidas de control. Se retocará el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores de forma que la ley obligará a hacer fijos a todos los trabajadores que en un plazo de 30 meses hubieran estado contratados durante 24 para la misma empresa y en el mismo puesto de trabajo.

Se elimina el contrato de inserción, se reforma el de formación para dar acceso a los parados hasta 24 años que procedan de casas de oficios o escuelas taller y se obliga a las empresas a llevar un registro con los datos de las subcontratas con las que trabajen. Además, los representantes sindicales de la empresa principal podrán asesorar, orientar e incluso representar a los de las subcontratas.

Más medios y más prestaciones.

Para cumplir estos controles, el Gobierno se compromete a elevar de 772 a 904 la plantilla de inspectores de Trabajo, y de 799 a 968, la de subinspectores antes de que termine la legislatura.

Además, se eleva la cobertura del Inem. Se extiende el subsidio de desempleo de 6 meses a los mayores de 45 años sin cargas familiares y se añade la Renta Activa de Inserción como una prestación más. Además, se ha pactado que los perjudicados por un despido colectivo cobren más y durante 150 días en lugar de 120.

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