Las frecuentes denuncias de corrupción salpican a una decena de dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos al ex presidente del Senado, Santos Ramírez, a la congresista y dirigente cocalera Leonilda Zurita -cercana al presidente Morales- y al legislador aymara Lino Villca.
LA PAZ (AFX-España) - El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció medidas para combatir la corrupción en su gobierno fuertemente impactado por denuncias de venta de cargos públicos y de irregularidades en los contratos con multinacionales petroleras.
'Yo estoy preocupado de los nombres de diputados, senadores' implicados en venta de avales políticos para ocupar puestos en la administración pública, dijo Morales, quien durante su campaña había prometido erradicar esa práctica.
El episodio más sonado tiene que ver con la incorporación de 36 funcionarios a las planillas de la compañía petrolera estatal YPFB sin ningún mérito profesional y sólo con aval político.
Previamente el diario La Prensa había detectado 'una red de tráfico de avales que se vendían para acceder a cargos en la administración pública'.
Molesto por la situación que mella la imagen de su gobierno, Morales advirtió que 'no habrá contemplaciones' para los involucrados en actos de corrupción, aunque urgió que 'necesitamos pruebas'.
Los casos de corrupción se han convertido en pasto inflamable favorito para los medios y los partidos de oposición pese a la advertencia del mandatario de que 'no se va a perdonar a nadie' y 'vamos a acabar con eso' de la corrupción.
Una reunión ampliada de dirigentes del MAS se dio un plazo hasta el 22 de este mes para informar acerca de sanciones contra dirigentes que hubiesen dado avales políticos, quienes serán expulsados y sancionados.
Morales no se refirió sin embargo al supuesto desvío de siete tractores y equipos agropecuarios en beneficio de un ex ministro de Agricultura y alto dirigente de su partido.
Tampoco a un escándalo ocurrido en Santa Cruz que también involucra a dirigentes del MAS que recibieron de manera ilícita e ilegal bienes incautados al narcotráfico.
La situación saltó a la luz pública cuando medios de esa ciudad pusieron en evidencia a un dirigente del MAS, Benigno Vargas, que habita ('en calidad de custodio', según explicó) un inmueble incautado a un traficante.
La mala hora de Morales es explotada con creces por la prensa local y por la oposición de derecha que afina su artillería para torpedear en el Senado, donde es mayoría, una ley que permita enmendar errores cometidos en los contratos petroleros suscritos en octubre por el gobierno con una decena de multinacionales.
Estas enmiendas a los contratos fueron aprobadas el martes por la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, y debe seguir trámite de sanción en el Senado, donde manda la oposición.
La aprobación de dicha ley permitirá corregir errores en la mayor parte de los 44 contratos suscritos con 10 multinacionales, entre otras Petrobras de Brasil, Total de Francia, Repsol de España y British Petroleum de Gran Bretaña, ya ratificados en noviembre por el Congreso boliviano.
La refrenda en el Senado -paso previo e ineludible para la protocolización y puesta en vigor legal de los contratos- se prevé difícil ya que la derecha tienes serias observaciones sobre los contratos.
Los errores en los contratos fueron denunciados a comienzo de marzo por la oposición, que constató 'sospechosas irregularidades' y en particular señaló que el texto enviado al Congreso no es el mismo que se pactó con las petroleras. El Gobierno admitió los errores, pero señaló que éstos son solamente de forma.
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