
Al Gobierno no le ha cogido por sorpresa el anuncio de Argelia de aumentar el precio del gas natural que la compañía estatal Sonatrach vende a España justo en la víspera de la visita oficial que iniciaron ayer los Reyes al país norteafricano.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a La Moncloa, a finales del pasado mes de enero, de que las autoridades argelinas pensaban utilizar el arma del gas para presionar a España, dentro de una estrategia de gran calado que abarca desde el malestar argelino por las cada vez más estrechas relaciones con Marruecos hasta la iniciativa rusa de formar un cártel con los principales países productores de gas.
115 millones de euros
El ministro argelino de Energía y Minas, Chakib Khelil, justifica la subida de un dólar por cada 4.000 termias de gas que Sonatrach suministra a Gas Natural por la necesidad de "poner los precios del gas en un nivel razonable". Argelia se embolsará 150 millones de dólares adicionales (115 millones de euros) que saldrán de los bolsillos de los consumidores españoles. Gas Natural ha reconocido que Sonatrach le ha pedido revisar los contratos de suministro.
El precio del gas argelino ronda los siete dólares por millón de BTU (siglas en inglés de unidades térmicas británicas). La subida de un dólar equivaldría a un encarecimiento del 15 por ciento de la factura energética española, según los cálculos de Khelil.
La clave rusa
La decisión argelina no sería ajena a la estrategia energética que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere llevar adelante para influir en el siempre crítico abastecimiento energético de la Unión Europea. Ya a finales de noviembre, la OTAN advirtió a los países aliados de que Rusia intentaba crear un cártel del gas para aumentar su influencia.
La advertencia se plasmó en un informe secreto elaborado por el comité económico de la OTAN, órgano donde se residencian parte de los servicios de inteligencia de la Alianza Atlántica, y que la propia OTAN filtró al periódico Financial Times para poner en evidencia la estrategia rusa y sensibilizar a la opinión pública europea. El documento señalaba que el presidente Putin -Rusia suministra el 25 por ciento del gas que consume la Unión Europea- estaba intentando convencer a Argelia, Irán, Venezuela, Libia, Qatar y las ex repúblicas soviéticas del Asia Central para formar un cártel de los mayores productores de gas e influir en el mercado mundial.

Fuente: Medgaz/Raquel Nieto/elEconomista
Conocimiento del gobierno
El documento fue enviado a los servicios de inteligencia de los países miembros y recibido en España por el CNI, organismo habilitado por ley para la recepción del material clasificado de la organización atlántica. A finales de enero, el CNI elaboró un informe sobre el impacto que tendría la iniciativa rusa en el suministro de gas a España, particularmente si Argelia accedía a las pretensiones del presidente Putin. Entre los escenarios planteados se señalaba un aumento del precio del gas argelino y su posible utilización como arma diplomática ante el malestar con que las autoridades argelinas veían el acercamiento de posiciones entre Madrid y Rabat, particularmente en el conflicto del Sahara.
El servicio secreto español analizaba el memorando de cooperación energética que el ministro ruso de Energía, Viktor Jristenko, y su homólogo argelino, Chakib Khelil, firmaron en Argel el 21 de enero. El acuerdo abarca toda la cadena gasística, desde la prospección hasta su transporte y comercialización. Y toma carta de naturaleza en un contrato entre la empresa rusa Rosneft-Stroytransgaz y la argelina Sonatrach para explotar el yacimiento gasístico de Illizi, en el Sahara argelino, con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares.
Más allá del gas
La inteligencia española no descartaba que la cooperación energética entre Moscú y Argel incluyese cláusulas secretas, relativas tanto al sector gasista como a la cooperación en materia nuclear, dado que los dos ministros anunciaron que se habían puesto de acuerdo para que Rusia facilitase tecnología atómica a Argelia.
Para evitar el deterioro de las relaciones y que no llegara a materializase un escenario de presiones, incluido el incremento del precio del gas, el Ministerio de Industria, que tuvo conocimiento del informe del CNI, concedió el 28 de febrero una licencia a Sonatrach para vender en España 1.000 millones de metros cúbicos al año, durante 2007 y 2008.
El Gobierno español se mostró generoso y duplicó la petición inicial de la compañía argelina. En el ministerio que dirige Joan Clos no se entiende, pues, la patada de Argelia si no es porque encubre una operación de mayor calado en la que se enmarcan el cártel gasista que promueve Putin, los acuerdos firmados con Rusia y el intento de presionar a España en la cuestión del Sahara.
El conflicto del Sáhara
En cuanto a este último aspecto, Argel trata de que Madrid se mantenga fiel a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto del Sahara Occidental, que exigen desde hace más de 30 años la convocatoria de un referéndum en la ex colonia española. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se ha acercado a las tesis marroquíes de convertir al Sahara en una región autónoma tutelada por Rabat. Situación que no acepta Argelia, fiel defensora durante este tiempo del Frente Polisario, que reivindica la independencia para la antigua provincia española. El cambio de actitud del Ejecutivo socialista, tradicional defensor de la causa saharaui, se debería a la decisión del rey Mohamed VI de aparcar sine die la reivindicación de Ceuta y Melilla a cambio de que Rodríguez Zapatero ceda respecto al Sahara.
"Argelia está jugando muy fuerte porque conoce la gran dependencia gasista española", aseguran fuentes del sector. Entre sus bazas está que Sonatrach lidera la construcción del segundo gasoducto que enlazará Argelia con España por Almería, con un 36 por ciento del capital de la sociedad Medgaz, promotora del proyecto. En esta sociedad participan Cepsa e Iberdrola, con un 20 por ciento cada una, y Endesa y Gaz de France, con un 12 por ciento respectivamente.
Atentos a los movimientos
La entrada de Sonatrach en el mercado de distribución español y su participación como socio mayoritario en el segundo gasoducto confieren un enorme poder a la gasista estatal argelina, justo en un momento en el que la UE ha abierto el debate de la dependencia energética y la necesidad de contar con suministros estables.
De ahí que la evolución de los acuerdos ruso-argelinos y la propuesta de Putin de crear el citado cártel gasista sean seguidos con atención por los gobiernos europeos, fundamentalmente por Alemania y Francia, que ven en cada uno de los movimientos de Moscú una estrategia calculada para presionar a Europa, precisamente, en uno de sus puntos más débiles: sus necesidades energéticas.
La entrada de lleno de la OTAN en el dossier del gas tiene un componente claramente estratégico: la Alianza Atlántica está convencida de que Putin, a medio plazo, utilizará el suministro de gas a la UE como arma para frenar la ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas con la incorporación de las antiguas repúblicas soviéticas.
Contar con Argelia, -segundo suministrador de gas al Viejo Continente- como aliado, es esencial para el presidente ruso. Y Argel, mientras tanto, se beneficia de los acuerdos por doble partida: formar parte de un cártel impulsado por Rusia que permita vender más caro el gas contribuirá a engrosar sus arcas y, de otra parte, acceder a la tecnología nuclear a través de Moscú fortalece su posición en el Magreb y ante Marruecos, que también ha comenzado a interesarse por la energía nuclear.
En esta ocasión, el Gobierno español no podrá contar con el apoyo siempre eficaz de Estados Unidos, volcado a su vez con Argelia. Y es que Washington está recibiendo todo tipo de apoyos para que sus fuerzas especiales puedan actuar libremente desde el Sahara argelino contra los grupos yihadistas que tratan de instalarse en el Sahel, la enorme franja de territorio africano que se extiende desde Sudán hasta el Atlántico.