La rebelión en el Ejército español no ha hecho más que empezar. Tras reclamar una subida de sueldo que les homologara con sus colegas de la OTAN, los militares han llevado ahora ante los tribunales al Ministerio de Defensa por incumplir las normativas europeas de seguridad aérea.
Según dicen, están trabajando en puestos de control que atienden vuelos civiles sin tener licencia para ello, sin cumplir con las horas de descanso obligatorias y, en algunos casos, sin hablar ni siquiera inglés.
Desde que las bases aéreas militares se abrieron al tráfico civil, el aumento del mismo ha sido tan significativo que, en la actualidad, los militares gestionan más de dos millones de pasajeros al año en España. Y el problema es que, en opinión de estos controladores, en dichas circunstancias "la seguridad está absolutamente cuestionada".
Torres sin radares
La Sociedad de Controladores de Tránsito Aéreo (Sodecta) explica que "hay torres que aún no poseen los sistemas de radares adecuados, la iluminación en las pistas es muy deficiente y, a menudo, se producen apagones". De acuerdo con la asociación, "esto puede generar importantes problemas judiciales en caso de accidentes con responsabilidad, especialmente con tráficos civiles extranjeros como, por ejemplo, con los vuelos turísticos en San Javier (Murcia) o el pasaje VIP en Torrejón (Madrid)".
Sodecta acusa al Gobierno de no haber transpuesto a la legislación nacional los reglamentos exigidos por la agencia europea para la seguridad en la navegación aérea, Eurocontrol.
A comienzos de la presente década, más de cien militares que trabajan en puestos de control aéreo denunciaron ya las irregularidades ante la justicia, una cifra importante teniendo en cuenta que en nuestro país hay 230 controladores militares. Pero es ahora, ante el caso omiso por parte de sus mandos, cuando se han decidido a presentar un recurso contra el Ministerio de Defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Actuaciones individuales
"Las actuaciones judiciales se están realizando a título individual porque la ley nos impide hacerlo como organización", asegura un alto cargo de Sodecta que prefiere mantener el anonimato ante posibles represalias. Esta organización cuenta con el respaldo absoluto de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que agrupa a 1.600 militares en activo.
Harto de que los integrantes de las Fuerzas Armadas no puedan gozar de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, el secretario general de esta especie de sindicato militar, Mariano Casado, se muestra contundente: "Si manifestamos estas deficiencias es para que las administraciones e instituciones implicadas, con competencias para solventarlas o minimizarlas, tomen conciencia de que se está poniendo en riesgo un alto número de pasajeros, medios materiales y, en general, la seguridad de gran parte del espacio aéreo español".
Falta de homologación
Pero, ¿cómo es posible que un militar supervise vuelos civiles sin autorización expresa? A juzgar por un informe de Sodecta, "la falta de homologación del título y la licencia militar por parte de la Dirección General de Aviación Civil" es un hecho. Y aún hay más: "Tampoco se ajustan los procedimientos de inspección, seguridad y maniobras. Se autorizan vuelos visuales nocturnos a escuelas de aviación civil sin que el aeropuerto haya sido homologado para ello, ya que debe reunir unas condiciones técnicas que no se cumplen", denuncian.
Desde el Ministerio de Defensa, la visión es radicalmente opuesta: fuentes oficiales defienden la necesidad de que haya controladores militares ("son una reserva estratégica si los controladores civiles organizan una huelga"), y dicen que los problemas actuales quedarán resueltos "cuando se desdoblen los aeropuertos de uso compartido".
Los militares se hacen cargo de 300.000 operaciones aéreas anuales en turnos ininterrumpidos de hasta 12 horas y con una plantilla que no alcanza ni de lejos a los efectivos civiles. Y eso que está en juego la seguridad aérea.
