El Gobierno dará poderes al Banco de España. Primero, le otorga competencias para vigilar la remuneración de los directivos de las entidades de crédito. Y segundo, le incrementa su capacidad sancionadora en caso de que un banco o una caja sea intervenida.
Sobre los sueldos de los banqueros, de acuerdo con el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, el supervisor determinará la información mínima que tendrán que publicar las entidades en el capítulo de remuneraciones, que además deberán de ser "coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida efectiva".
Las intenciones del Gobierno, en función de las nuevas prácticas de buen gobierno corporativo tras la crisis, es obligar a los bancos y cajas la máxima transparencia. Es decir, las entidades tendrán que informar del salario que perciben sus directivos y miembros del consejo y la relación del mismo con sus funciones y los riesgos de la entidad.
No obstante, el documento señala que los bancos y cajas podrán omitir la información de datos que sean relevantes o confidenciales, siempre y cuando se indique con la "oportuna advertencia".
Multas
Sobre el otro aspecto relevante, y en plena amenaza del Banco de España de intervenir CajaSur y cuando los expedientes abiertos a CCM y sus administradores, el Gobierno plantea aumentar las sanciones a las entidades y sus gestores que cometen infracciones leves, graves y muy graves, y que supongan la aplicación de la normativa de Disciplina e Intervencióndel supervisor bancario.
Según el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, anunciada el pasado viernes en Consejo de Ministros, el Ejecutivo triplica en una serie de supuestos las cuantías a las que tendrían que enfrentar los bancos, cajas o cooperativas.
Así, la propuesta del gobierno eleva 150.000 euros a 500.000 la sanción máxima a la que tendrían que hacer frente los miembros del consejo de administración por una infracción grave. Este es el caso de los administradores de CCM, cuyo expediente sancionador mantiene abierto el Banco de España ante la dejación de sus funciones. Para las sanciones graves, los consejeros de una entidad podrían pagar hasta 250.000 euros. La cuantía se sitúa ahora en 90.000 euros.
Dentro de las infracciones muy graves, figuran, entre otras, la negativa o resistencia a la actuación inspectora, o poner en peligro la gestión sana y prudente de una entidad de crédito mediante la influencia ejercida por el titular de una participación significativa. También se consideran, mantener durante seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos. Las propias entidades no se salvan del aumento sancionador. Por infracciones muy graves, la multa pasa de 300.000 euros hasta un millón de euros o el 1% de sus recursos propios.