Deficiencias de gestión, percepciones indebidas de prestaciones económicas, deficiente regulación, falta de comunicación entre las Administraciones, escaso grado de cumplimiento y formación inadecuada e insuficiente. Estas son las principales irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión del Programa de Renta Activa de Inserción.
Dichas irregularidades figuran en el Informe de Fiscalización presentado la semana pasada en el Congreso, correspondiente al ejercicio 2005.
El objetivo del informe del Tribunal es verificar que las ayudas de este programa, dirigido a desempleados de larga duración con carencia absoluta de rentas, no se estaban concediendo a perceptores de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o demás ayudas análogas concedidas por las comunidades autónomas.
Prestaciones indebidas
A este respecto, el Tribunal de Cuentas recoge en sus conclusiones que el Servicio Público de Empleo Estatal reconoció, en sus alegaciones, que "al menos 72 beneficiarios de este Programa percibieron indebidamente la prestación económica, por encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social".
Aunque señala que, con fecha de 21 de noviembre de 2007, el Servicio Público de Empleo Estatal comunicó que "habían iniciado el procedimiento de reintegro" relativo a 56 de los perceptores indebidos, el Tribuna de Cuentas apunta que "con independencia de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse", esta situación puso de manifiesto las "deficiencias existentes" en los cruces efectuados entre la base de datos de beneficiarios que gestionaba el Servicio Público de Empleo y la base de datos de vida laboral, a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Constata también el informe del Tribunal de Cuentas que las rentas mínimas, salarios sociales y ayudas concedidas por las comunidades autónomas no fueron computadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina, a efectos de calcular el requisito de carencia de rentas, imprescindible para ser admitido en el Programa de Renta Activa de Inserción. Una irregularidad que incumple lo establecido en la normativa reguladora de este Programa de lucha contra el desempleo.
Inserción laboral
El informe del organismo fiscalizador es también muy crítico con los resultados del Programa. Destaca, en concreto, que el grado de inserción laboral conseguido "fue mínimo, con un porcentaje no superior al 7%". Expone, asimismo, que las acciones formativas y otros servicios desarrollados por los organismos públicos de empleo estatal y autonómicos, orientados a potenciar la inserción laboral del colectivo afectado, "no resultaron adecuadas ni suficientes".
En este punto, el informe del Tribunal de Cuentas denuncia que el 47% del total de beneficiarios durante 2005 "no había recibido ningún tipo de acción formativa o servicio a lo largo de su permanencia en el Programa".
Tras poner de manifiesto que las aplicaciones informáticas desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal "no se encontraban aprobadas ni difundidas públicamente en el Boletín Oficial del Estado", como se prevé en la normativa, el Tribunal de Cuentas advierte de las "insuficiencias existentes en las comunicaciones e intercambio de información entre el servicio de empleo estatal y sus homólogos de las comunidades autónomas en materia de gestión de prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo".
Regular la prestación
A la vista de estas irregularidades, el Tribunal propone al Parlamento que estudie la conveniencia de regular la prestación económica de renta activa de inserción mediante una norma con rango de ley, "habida cuenta del principio de reserva de Ley que opera en el ámbito de la Seguridad Social", para dotar de mayor estabilidad al Sistema.
Sugiere también la conveniencia de establecer, "con rango de ley", el oportuno régimen de coordinación y de incompatibilidades entre la renta activa de inserción y las rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas concedidas por las comunidades autónomas, regulando también el procedimiento de cesión de información entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina y las comunidades autónomas.
Finalmente, el informe sugiere también a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas que estudie la posibilidad de "modificar la actual normativa reguladora del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, así como la posibilidad de potenciar los mecanismos de intercambio de información ente las distintas entidades y servicios públicos de las diferentes Administraciones".
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