Las remuneraciones en el sector financiero no se limitarán, aunque estarán más controladas.
Las medidas de carácter fiscal y de carácter financiero del borrador de proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) presentan un calado muy relativo. En el sector financiero se anuncia la exigencia de buenas prácticas en cuanto a la transparencia de las remuneraciones de los gestores y algunas nuevas exigencias en la información a los consumidores.
En el ámbito fiscal el énfasis se sitúa en el sector de la vivienda, tanto para estimular la fórmula del alquiler como para desviar los incentivos de la construcción nueva hacia la rehabilitación de edificios con criterios medioambientales. El resto de las medidas fiscales se remiten a deducciones para I+D y algunas modificaciones en el Impuesto de la Renta de los autónomos dependientes y de las retribuciones plurianuales.
Los sueldos no se tocan
Más transparencia, pero no limitaciones a salarios y bonus. El debate de las retribuciones en el sistema financiero se ha zanjado sin afectar a las cantidades de los gestores bancarios. En realidad no se recoge ninguna medida ad personam y se ha optado por establecer obligaciones ampliadas a las empresas. Todas las sociedades cotizadas en los mercados estarán obligadas a poner a disposición de los accionistas un Informe sobre Remuneraciones, que, además, deberá ser votado en la Junta General de accionistas como un punto específico dentro del orden del día.
Las entidades financieras, además, serán obligadas por el Banco de España a cumplir una serie de exigencias sobre políticas retributivas que promuevan una gestión responsable del riesgo. Estas normas afectarán no sólo a los directivos, sino a todos los empleados que tengan alguna relación con la gestión de riesgos de la entidad financiera.
Los clientes e inversores
Habrá nuevas exigencias de información y más sanciones. Las reformas de la normativa financiera hacen referencia a la crisis por la que ha atravesado el sector y las consecuencias que ha tenido para los inversores, por lo que, para evitar la repetición de situaciones como las planteadas por algunas instituciones financieras en el extranjero, se va a exigir ampliar la información a los inversores y clientes, además de crear nuevos mecanismos de protección y garantías para los mismos. También los organismos reguladores reforzarán el sistema de reclamaciones y de sanciones para los usuarios de servicios financieros. Por el camino se queda la reforma del sistema de supervisión financiera que fue anunciado por el Gobierno en tiempos de Pedro Solbes y que ahora pasa al cajón hasta que Europa adopte una política armonizada de supervisión financiera.
El instrumento
El Fondo Ico de 20.000 millones, compartido con la banca privada. La Ley cuenta con una sola herramienta financiera, el Fondo ICO de 20.000 millones de euros dotado a la par por el instituto público y la banca privada. Los sectores preferentes serán el turismo, las infraestructuras, las energías renovables, la industria aeronáutica y el saneamiento. Los instrumentos serán créditos, avales, un fondo de capital riesgo y un fondo de capitalización para infraestructuras.
La fiscalidad del ladrillo
Nueva desgravación para las obras en casa, pero hasta 2012. Las medidas fiscales más articuladas del plan del Gobierno en la LES corresponden al sector de la vivienda, acentuando en todos los órdenes lo que se estableció en el Plan Nacional 2009-2012 vigente. La orientación de las ayudas trata, por un lado, de desviar los recursos de la nueva construcción a la rehabilitación. En este sentido, se crea una nueva deducción por obras en la vivienda habitual del 10 por ciento en el IRPF, siempre que el destino de las obras sea mejorar la eficiencia energética y del uso del agua o la adaptación a personas de movilidad reducida. Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, que es la fecha de caducidad del Plan de Vivienda. A las obras realizadas con las mismas exigencias energéticas, hídricas y de accesibilidad, se les aplicará el tipo reducido del IVA, que hasta ahora sólo se aplicaba a la albañilería.
El alquiler es la estrella
Equiparación del tratamiento fiscal con la compra de viviendas. La política del Gobierno en materia vivienda parte del principio de ampliar el mercado de alquiler, que en España es muy reducido en comparación con otros países. Ya en el Plan de Vivienda se incluyeron medidas de ayuda al alquiler con esa intención, que se van a reforzar ahora en el ámbito fiscal con la equiparación del tratamiento tributario de las dos modalidades. Para ello, habrán de elevarse los importes de las bases imponibles que dan derecho a deducción fiscal hasta los niveles análogos a los de la deducción por compra. El Ejecutivo va a elevar del 50 por ciento al 60 por ciento el porcentaje de reducción para el cálculo del rendimiento derivado del arrendamiento y se reduce, de 35 años a 30, la edad del arrendatario que da derecho a la reducción del 100 por cien.
El Gobierno, como ya anunció en mayo, eliminará el 1 de enero de 2011 la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, manteniéndola para bases imponibles inferiores a 17.707 euros y gradualmente hasta rentas inferiores a 24.107 euros.
Retribuciones plurianuales
La frontera de los 600.000 euros. En materia del Impuesto sobre la Renta, además de las medidas relacionadas con la vivienda, el Gobierno ha decidido abundar en la fiscalidad de las rentas elevadas, en línea con la reforma introducida en los Presupuestos Generales del Estado sobre la llamada Ley Beckham. El Ejecutivo elevará la tributación de las retribuciones de carácter plurianual en el sentido de que la reducción del 40 por ciento tendrá un límite máximo de aplicación en los 600.000 euros anuales.
También el Gobierno establecerá una medida de exención en el IRPF que se refiere al vale de transporte y que se aplicará hasta los 1.500 euros anuales. Esta medida se presenta por el Ejecutivo como de apoyo al uso del transporte público, más que como una medida fiscal. Asimismo, se regulará la figura del trabajador autónomo dependiente en el IRPF.
A vueltas con la I+D
Impulso a la innovación y el medio ambiente, pero algo menos. La Ley de Economía Sostenible llamada a cambiar el modelo económico no es especialmente generosa con las actividades más vinculadas a lo sostenible. El impulso fiscal se queda en el incremento de la deducción a la innovación del 8 por ciento al 12 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades. Y respecto al medio ambiente, el Gobierno se limita a mantener la deducción existente pero incrementada del 4 por ciento en 2009 al 8 por ciento y se compromete a impulsar la fiscalidad medioambiental (establecimiento de ecotasas o impuestos verdes) en la Unión Europea.
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