SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) reclamó hoy al Gobierno central que "clarifique" en qué consisten las ayudas "que ha expresado verbalmente y de una forma un tanto difusa" para los afectados por el supuesto fraude de Afinsa y Fórum Filatélico.
En rueda de prensa en Sevilla, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pidió "garantías" de cumplimiento de los compromisos manifestados por el Ejecutivo y defendió que "plantear préstamos blandos a las familias más necesitadas es casi cero, no sirve de nada y no es una ayuda real".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó el pasado viernes que el Gobierno estudia "la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso de tiempo que se prolongue el proceso judicial".
Por su parte, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, afirmó ayer que el Gobierno aportará los medios materiales y humanos necesarios a las asociaciones de consumidores para que asesoren a los afectados por la estafa filatélica, y para garantizar posteriormente que la asistencia jurídica cueste el menor dinero posible.
A este respecto, Sánchez abogó por que "las ayudas vayan más allá y se garantice el mínimo coste, e incluso la gratuidad si cabe, de los procedimientos judiciales", habilitando líneas de subvenciones para todas las organizaciones de consumidores, pero siempre "en función del número de afectados a los que represente".
En este sentido, consideró que no sería "justo" que una entidad no reciba ayudas del Gobierno "por ser más crítica", a pesar de que represente a más afectados que otras. Según señaló, en Facua "tenemos equipos jurídicos a los que pagar y juristas a los que contratar, porque estamos ampliando la plantilla" para atender las reclamaciones que la organización está recibiendo y "eso tiene unos costes".
También indicó que ha presentado una queja en el Consejo de Consumidores y Usuarios y en la Dirección General de Consumo para demandar más información, ya que aseguró que se está manteniendo a Facua "al margen" de los datos que transmite el Ministerio y, tras recalcar que en estos momentos representa a más de 11.200 afectados, subrayó que "eso sería tan grave como lo que ya ha ocurrido que es no controlar un sector".
CONTROL DEL SECTOR
Además, Sánchez se preguntó si el Gobierno y las comunidades autónomas han diseñado un plan de control de las inversiones en bienes tangibles para "saber si hay más empresas" que han cometido fraude en este sector e incidió en que "si no se hace, sería una nueva negligencia" de la Administración.
El portavoz de Facua precisó que hasta hoy más de 11.200 afectados se han adherido a su plataforma nacional a través de internet y que más de 15.000 han presentado peticiones de asesoramiento, al tiempo que destacó que la asociación ha apreciado "saturación" en la mayoría de sus delegaciones provinciales, donde se generan "colas" de afectados por el supuesto fraude.
Apostó por "no lanzar a los consumidores ideas de prisa, pero que todos se movilicen y hagan cosas" y sostuvo que "no se debe dar el caso por perdido", puesto que hasta que no termine la investigación judicial no se conocerá el capital de las empresas y sus directivos, "así como si hay terceros responsables afectados".
Por su parte, la portavoz del gabinete jurídico de Facua, Mariló Molina, explicó que la asociación está demandando los contratos y la publicidad que llevó a los inversores a contratar con estas compañías para analizar cada caso.
Asimismo, afirmó que analizará, además del posible fraude, "un delito específico contra los consumidores, que sería como una publicidad engañosa en el orden civil", ya que se puede haber "pedido dinero por un bien sobre el que se ha hecho publicidad engañosa".
