MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró hoy que "no está previsto" modificar la normativa que regula la estructura y funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para lograr la concesión de una autorización general por parte de la Comisión Europea (CE), y se mostró optimista de cara a lograr dicho visto bueno global a sus "líneas generales", aunque admitió que habrá "casos excepcionales".
Tras comparecer ante la Comisión Mixta para la UE en el Congreso, Salgado explicó que el Ejecutivo está "hablando" con Bruselas sobre el "marco de comunicación" de las operaciones que lleve a cabo el Fondo.
"Nosotros entendemos que con carácter general deben aprobarse, y así creemos que va a ser, las líneas generales del FROB y habrá algún caso particular donde será necesaria la comunicación, pero será excepcional", señaló.
Bruselas quiere que se recorte el excesivo margen de maniobra que, a su juicio, permite el diseño del FROB a la hora de dar ayudas públicas a las cajas de ahorros con problemas o para facilitar fusiones, indicaron ayer a Europa Press en fuentes comunitarias.
"La Comisión está colaborando con las autoridades españolas para garantizar que cualquier intervención con el FROB se ajusta a las reglas sobre ayudas públicas", explicaron las mismas fuentes. "Corresponde a España decidir si notifica a la Comisión los casos individuales (de ayudas) o el esquema general", incidieron.
Durante su comparecencia en el Congreso, Salgado explicó que la agenda de la presidencia de la Unión Europea tiene entre sus objetivos el impulso a la agenda de regulación del sistema financiero, tras la creación el próximo diciembre del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que determinará el nuevo marco de supervisión.
"Incrementar la calidad de la regulación es esencial para lograr un sistema financiero más eficiente y al servicio del relanzamiento económico de Europa", señaló Salgado. Los ejes de esta actuación pasan también por mejorar la supervisión financiera de los fondos de gestión alternativa y la reforma del marco de las provisiones, junto la revisión de las políticas de retribución de directivos.
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