La crisis obliga a las empresas que suspendieron a sus empleados por unos meses a no readmitirlos. Las que se comprometieron a mantener el empleo, si no lo hacen, tendrán que devolver la subvención.
Otra medida fracasada. La única iniciativa que aprobó el Gobierno para ayudar a las empresas a mantener el empleo no ha recogido los frutos que se esperaba. Tan sólo el 25 por ciento de las empresas que han tramitado un Expediente de Regulación de Empleo de carácter temporal ha solicitado la ayuda económica, que consiste en bonificar el 50 por ciento de las cotizaciones durante los seis meses como máximo que los empleados pueden estar suspendidos de empleo, según informan fuentes de la Secretaría General de Empleo.
El requisito de la medida ha sido la traba principal: la obligación de readmitir a los trabajadores y mantenerlos contratados durante un año. De no ser así, las empresas deberán reembolsar a Trabajo la parte bonificada de las cotizaciones.
Por ello, el 75 por ciento de las compañías se ha decantado por no solicitar la ayuda, ya que "con toda probabilidad acabarán despidiendo a los trabajadores", señalan las fuentes antes citadas. Y es que una empresa, cuando solicita la tramitación de un ERE, ya sea de suspensión o de extinción, registra graves dificultades económicas, por lo que no sabe exactamente si podrá readmitir a los trabajadores.
Trabas para aprobar un ERE
Actualmente, según el Ministerio de Trabajo, unos 300.000 trabajadores se encuentran en suspensión temporal, percibiendo la prestación de desempleo. La mayoría de ellos se encuentran acorralados en una excedencia de 120 días. Y una gran parte de los expedientes corresponden al sector industrial. Pero, ¿por qué esas empresas han solicitado un ERE temporal, si finalmente iban a acabar despidiendo a los trabajadores? Como ya adelantó elEconomista hace varios meses, el Gobierno dificultaba la tramitación de los despidos colectivos. De hecho, el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció públicamente que los expedientes que no fueran acordados con los sindicatos serían examinados "con lupa".
Al filtro sindical, se sumaba que la Dirección General de Trabajo, organismo perteneciente al Ministerio, hacía casi imposible la tramitación de un ERE de extinción y dejaba como única opción a las empresas la suspensión temporal de empleo, tal y como aseguraron a este periódico fuentes jurídicas.
Por ello, el 75 por ciento de las empresas ya anunció a la autoridad laboral correspondiente que no mantendrían el empleo tras la suspensión temporal. Y, por tanto, no solicitaron la ayuda.
Por supuesto, el Gobierno sale beneficiado, ya que los trabajadores que están en un expediente de regulación de carácter temporal, aunque cobren la prestación de desempleo y para ello se hayan tenido que inscribir en el paro, no figuran como parados registrados. Así, se modera el crecimiento del desempleo.
Pero tener el beneplácito de los sindicatos para que presionaran a las empresas en favor de los expedientes temporales tampoco resultó gratis para el Gobierno, ya que los trabajadores que están en suspensión gastan parte de su prestación de desempleo y, por tanto, si finalmente son despedidos tienen menos meses de cobertura económica.
Así que el Gobierno tuvo que aprobar en marzo una medida con la que se reponía al empleado afectado toda la prestación de desempleo si finalmente era despedido.
El resultado de las presiones del Gobierno y de los sindicatos se refleja en que los expedientes temporales se multiplicaron a partir de noviembre. El número de despedidos por ERE quedó anclado en los 8.000 trabajadores al mes de media. Mientras que el número de empleados suspendidos temporalmente se disparó, a partir de noviembre de 2008, hasta los 40.000 afectados mensuales de media, registrando varios picos por encima de los 55.000 trabajadores.
La medida, por ahora, tan sólo pospone en el tiempo los despidos colectivos. Y es que intentar sostener la plantilla de una empresa con serias dificultades económicas no tiene nada que ver con las medidas de mantenimiento del empleo aprobadas en otros países, como Francia y Alemania, donde se intenta ayudar a la empresa en cuanto registra una merma de los beneficios, pero sin llegar a tener pérdidas económicas.
