Economía/Pesca.- Cepesca respalda la legalidad del repostaje en alta mar realizado por los buques retenidos en Guinea

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldó hoy la legalidad de la práctica de 'bunkering' (repostaje en alta mar) llevada a cabo por los tres buques marisqueros españoles retenidos por las autoridades de Guinea Bissau desde el pasado 8 de octubre, acusados de infringir la legalidad guineana al no haber abonado una tasa de repostaje de 1.500 euros y condenados al pago de una multa de 150.000 dólares por barco, informó la patronal de los armadores.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Cepesca consideró que, en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), ratificada por Guinea Bissau, los tres buques realizaban una práctica totalmente legal para la que no era preciso solicitud de permiso alguna, porque aunque la norma nacional guineana lo exija, ésta no puede contravenir una norma internacional de rango superior ratificada por ese Estado, como es la Convemar.

Por ello, Cepesca reclamó que, en caso de que el gobierno Guineano no atienda a razones y decida no liberar sin cargos a los tres pesqueros y sus 50 tripulantes, la sanción finalmente impuesta a cada barco, sea proporcional a la presunta infracción imputada por la falta del pago de la tasa de 1.500 euros que Guinea Bissau les reclama.

Asimismo, los armadores agradecieron la actuación de mediación del Gobierno español al más alto nivel, a pesar de que no se haya obtenido un resultado positivo a las diversas gestiones realizadas y lamenta que la Comisión Europea no haya actuado con contundencia defendiendo la legalidad de las actuaciones de la flota española en aguas de Guinea Bissau.

El pasado 8 de octubre los tres pesqueros españoles con puerto base en Huelva y Lepe, fueron abordados por una patrullera de Guinea Bissau y llevados a Puerto acusados de repostar ilegalmente en días anteriores a 135 millas, al no haber solicitado permiso y haber abonado una tasa de 1.500 euros por barco. Una vez en tierra las autoridades guineanas les reclaman el pago de una multa de 150.000 dólares cada uno, 450.000 dólares en total.