El ministerio de Economía sostiene que los subsidios a devolver serán "mínimos"
BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea aseguró hoy que tiene constancia de que existen casos de deducciones fiscales ilegales concedidas a multinacionales españolas por adquirir compañías europeas después de diciembre de 2007, y que por tanto deberán ser devueltas. No obstante, Bruselas desconoce el importe de las ayudas y la identidad de las empresas beneficiarias porque el Gobierno español no le ha informado. La cuantía a devolver se fijará ahora en negociaciones entre la Comisión y las autoridades españolas, según dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
El Ejecutivo comunitario declaró este miércoles ilegal el sistema de deducciones fiscales del que se han beneficiado empresas españolas como Iberdrola y Telefónica por comprar compañías extranjeras y pidió al Gobierno que suprima este régimen, contemplado en la ley del Impuesto sobre Sociedades, por considerar que "distorsiona la competencia" y "otorga una ventaja injustificada a las empresas españolas, especialmente en el contexto de las ofertas públicas de adquisiciones competitivas".
Además, el Ejecutivo comunitario reclamó a España que recupere toda la ayuda ilegal concedida en virtud de dicha disposición respecto a las adquisiciones europeas a partir del 21 de diciembre de 2007, fecha en que se publicó la decisión de la Comisión de iniciar una investigación sobre este sistema.
El ministerio de Economía y Hacienda está "muy satisfecho" con la decisión de Bruselas porque se salvaguardan las ayudas concedidas antes de 2007 y considera que la cantidad a devolver será "mínima", según explicó una portavoz, que tampoco precisó la cantidad ni las empresas beneficiarias. El Gobierno no se plantea recurrir la decisión de Bruselas y suprimirá este sistema de deducciones tal y como exige el Ejecutivo comunitario.
El portavoz de Competencia confirmó que ni Iberdrola ni Telefónica deberán devolver los subsidios de los que beneficiaron antes de diciembre de 2007 gracias a este régimen por comprar la compañía energética Scottish Power y la operadora británica O2, respectivamente, aunque estas deducciones vayan a aplicarse durante 20 años. El motivo es que estas compañías "tenían razones para considerar que el régimen no era ilegal antes de que la Comisión abriera su investigación".
En cambio, las empresas que recibieron ayudas tras diciembre de 2007 sí tendrán que reembolsarlas porque en esa fecha se publicó la decisión del Ejecutivo comunitario de investigar este sistema. "Desde ese momento estaba claro que la Comisión tenía dudas serias sobre la legalidad de este régimen", dijo Todd.
El Ejecutivo comunitario no sabe la cantidad precisa que deberá recuperarse ni tampoco las multinacionales que deberán devolverlo. "Las autoridades españolas no nos han dado una respuesta clara sobre el dinero que se ha concedido a las empresas gracias a este sistema. Ahora nos sentaremos con las autoridades españolas y deberán garantizarnos de que todo el dinero concedido desde diciembre de 2007 se recuperará", insistió el portavoz.
"Nos consta que sí que existen casos y esperamos que las autoridades españoles cumplan plenamente la decisión adoptada hoy y nos informen del dinero que hay que recuperar y que lo recuperen. Cualquier Estado miembro que no recupere ayudas públicas ilegales puede ser denunciado ante el Tribunal de Justicia", resaltó en todo caso Todd.
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