No logra rebajar en diez puntos la tarifa, aunque los cinco previstos pueden reducirse más rápido. El Gobierno respetará la reinversión por plusvalías, aunque lo hará con restricciones
La cuenta atrás para definir la reforma fiscal ha empezado y el resultado final va a ser muy distinto a lo que el pasado 20 de enero salió del Consejo de Ministros.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se reúne hoy con el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para delimitar un acuerdo sobre esa reforma que permita mantener las deducciones más importantes que las empresas tienen a la hora de pagar por los beneficios de ganan en el Impuesto de Sociedades.
El planteamiento que en su día marcó el ex secretario de Estado de Hacienda y ahora consejero del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pasaba por una reducción de la tarifa general del impuesto de cinco puntos en cinco años, que debiera dejar la tasa en el 30 por ciento de tipo general para las empresas y el 25 por ciento en el caso de las pymes.
Como contrapeso a esa rebaja, el proyecto pretende eliminar todas las deducciones y ventajas fiscales que ahora tiene el tributo (unas catorce distintas), de manera que, entre una cosa y la otra, el coste fiscal de la reforma no pasará de los 2.500 millones de euros.
Crítica generalizada
Pero el rechazo que esa idea ha producido en el mundo empresarial, el estamento político y hasta en el ámbito sindical ha sido total. Todos los grupos parlamentarios en el Congreso, con CiU y su portavoz Josep Sánchez Llibre a la cabeza, han planteado enmiendas a la totalidad de la reforma, con lo que el PSOE se ve obligado a pactar con las fuerzas más cercanas a su política la reforma definitiva. Y tras la negociación del Estatuto catalán, ese socio estratégico del Ejecutivo son los catalanes de CiU, que apuestan por la redefinición de las deducciones fiscales de Sociedades, pero nunca por su retirada. CiU plantea también cambios para la reforma del IRPF, pero considera que lo estipulado hasta el momento en materia de pensiones, familia o vivienda, ya se acerca bastante a lo que pretenden, de forma que sacrificará cualquier demanda en ese impuesto a que se cierre un acuerdo sobre la tributación de los beneficios que no penalice a la inversión y la exportación de las empresas catalanas.
CiU se alineó incluso con las tesis del PP al pedir una rebaja de diez puntos en el impuesto (del 35 al 25 por ciento en general y hasta el 20 para las pymes), pero este extremo será más difícil de acordar con el Gobierno. Solbes se ha decantado a favor de una reducción más rápida de los cinco puntos previstos (en tres años), antes que arriesgar gran parte de la recaudación con una reducción mayor.
El Gobierno ya ha tenido que echarse atrás en muchas de esas iniciativas concretas y apenas cuatro meses después de aprobar la reforma fiscal. La mayor demanda de todos los opositores a los cambios en la fiscalidad de las empresas se centran en el mantenimiento de la bonificación para las ganancias (plusvalías) reinvertidas en la actividad de la empresa. Se trata de una deducción que ahorra entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año, sobre todo, a las grandes sociedades. Ha sido muy ventajosa en los procesos de fusión y compra de empresas extranjeras por parte de grupos españoles, tanto que su legalidad ha sido también puesta en duda ante Bruselas por algunos socios comunitarios.
Patronal y sindicatos
Pero las voces a favor de esta ventaja fiscal (ideada por el anterior Gobierno del PP y de una gran efectividad inversora) han salido tanto de la patronal como de los sindicatos, en ámbitos como el metal o la construcción, donde se necesitan grandes flujos de capital para mantener la actividad, en un momento en el que la inversión y la demanda en esos sectores se ralentiza.
Eso sí, el Gobierno establecerá una limitación muy severa sobre el destino de ese ahorro fiscal: tendrá que destinarse a cualquier activo que afecte directamente a la actividad productiva de una empresa. La crítica del Ejecutivo es que, en los últimos años, el destino de ese dinero no se controlaba y servía para engordar las sociedades de inversión de los ricos (Sicav) o para especular con la vivienda y el suelo.
El Gobierno ya admitió que prolongaría hasta 2014 la deducción por I+D+i, con la posibilidad de cambiar a un sistema alternativo, de reducción de cotizaciones sociales del personal dedicado a investigar e innovar, como alternativa para esa deducción.
Más complicado lo tendrán CiU y el Ministerio de Economía para buscar una alternativa a la deducción por actividades exportadoras, dado que su retirada, más que por la reforma fiscal, se ha hecho por imposición de la Comisión Europea. La UE entiende que se trata de una ayuda de Estado, ilegal en Europa, y pactó su retirada con el Gobierno español en cuatro años, antes incluso de lo previsto para todas las demás deducciones.
