Polémica por subsidios a grupos de desempleados que apoyan al Gobierno argentino

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- La agresión a un líder de la oposición en Argentina por parte de una agrupación de desempleados que recibe millonarios subsidios del Gobierno reaviva hoy la polémica por la financiación a estas organizaciones de creciente peso político.

El tema ha acaparado hoy las páginas centrales de los principales periódicos de Buenos Aires, que informan que el Gobierno entrega millonarios fondos a organizaciones que agrupan a unos 115.000 "piqueteros".

Nacidos al calor de las protestas sociales durante la crisis de 2001 y conocidos por sus recurrentes bloqueos de rutas y calles, los "piqueteros" están agrupados en torno a cuatro grandes organizaciones aliadas al Gobierno de Cristina Fernández: el Movimiento Evita, el Frente Transversal y Popular, la Federación Tierra y Vivienda y la Tupac Amaru.

Ésta última agrupación, con base en la norteña provincia de Jujuy, ganó trascendencia hace diez días cuando un grupo de sus miembros agredió al senador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria del país.

Esta organización recibe del Estado unos 200 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) anuales, según publicó hoy el diario Clarín.

Morales ha denunciado que Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, tiene "línea directa" con el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), la actual mandataria, Cristina Fernández, y la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner, "y maneja dinero sin control de los ministerios de Infraestructura y Desarrollo Social".

La oposición sostiene que estos grupos son utilizados, a través de prácticas de clientelismo, por el Gobierno en actos y grandes movilizaciones para demostrar apoyo a las políticas oficiales.

Pero también hay denuncias más graves sobre la progresiva conversión de estas organizaciones en grupos de choque.

"Creo que hay organizaciones kirchneristas que sí, que tienen una política de armarse para poder controlar el conflicto social", dijo hoy en declaraciones publicadas por el diario Página/12 el diputado por la opositora Coalición Cívica, Toty Flores, dirigente de una agrupación de desempleados no alineada al Gobierno.

Según informó hoy el diario La Nación, informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectaron "irregularidades" en el manejo de fondos de programas sociales.

"El tema no es menor si se tiene en cuenta que solo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es de 14.000 millones de pesos (3.655 millones de dólares) para atender a 2.000.000 de familias y 3.735.000 niños", dijo el matutino.