Economía

Economía/Empresas.- La comisión delegada de FIAB decide recurrir la sanción de la CNC y rechaza la dimisión de Jordana

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La comisión delegada de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) acordó hoy recurrir ante la Audiencia Nacional la sanción de 500.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy la patronal alimentaria.

En el transcurso de la reunión, el secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, aunque entiende que los actos realizados en este asunto "ni conculcaban el derecho de la competencia ni pretendían conculcarlo", puso su cargo a disposición de la comisión delegada "por ser el responsable ejecutivo de la misma y único responsable de lo que pudo haber pasado". No obstante, este órgano ejecutivo mostró su apoyo al directivo y no admitió su dimisión.

La comisión delegada sigue sosteniendo que las actuaciones llevadas a cabo por la FIAB "no pueden encajar" en el concepto de una recomendación colectiva prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, y que la decisión contenida en la resolución de la CNC "es contraria a derecho y limitativa de derechos fundamentales" recogidos en la Constitución.

También mostró su preocupación por la inseguridad jurídica ante la que, según aseguró, se encuentran en este momento las organizaciones representativas del sector agroalimentario, por lo que solicitó a los poderes públicos y a los representantes de los grupos políticos que adopten "las medidas legales necesarias para garantizar con claridad el marco de actuación de las organizaciones sociales".

NUEVE ASOCIACIONES MULTADAS

El organismo que preside Luis Berenguer ha sancionado, junto a la FIAB, a otras ocho asociaciones del sector, con multas que suman en total 1,3 millones de euros.

La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta "objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado".

Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 "supuestamente" con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.

"En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos", explica el organismo.

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