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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, destacó hoy que la Ley Audiovisual, que ha enviado el Consejo de Ministros a las Cortes para su tramitación, "va más allá" que lo que establece la legislación europea en protección de menores y aseguró que la inversión en cine "se va a mantener".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la Vega indicó que el proyecto de Ley es "fruto de una amplia labor de consulta a todos los sectores vinculados" y llega en un "momento especialmente importante", ya que la "crisis económica actúa con especial virulencia" en la publicidad y los medios de comunicación.
No obstante, De la Vega se mostró convencida de que el proyecto es "clara, útil y moderno", por lo que "puede ayudar a consolidar un sector con infinitas posibilidades de futuro", ya que al establecer unas "reglas del juego" se "abren caminos" y se da "seguridad" a las empresas para invertir en este sector.
Sobre el contenido de la futura ley, señaló que en algunos aspectos "va más allá" que la norma comunitaria, al "asegurar derechos" de los menores y apostar por la accesibilidad de las personas con discapacidad. En este sentido, indicó que el texto incorpora "garantías reforzadas" para que los menores no vean contenidos que sean perjudiciales como "la prohibición absoluta de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita".
Respecto a la implicación que puede tener la ley en el cine, ya que las televisiones podrán destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine europeo a series de televisión, documentales o animación, De la Vega afirmó que "no sólo se van a mantener las inversiones que se están haciendo", sino que, en el caso de las televisiones públicas, se aumenta el porcentaje de ingresos que tienen que destina hasta el 6% "y sólo para cine".
Por último, preguntada por la razón por la que el proyecto no regula las televisión públicas autonómicas, como en su día se reguló RTVE, la vicepresidenta primera del Gobierno indicó que "el desarrollo del modelo de financiación corresponde a las comunidades autónomas", por lo que son las comunidades autónomas "las que tienen que adaptarse".