Serio revés para el Ministerio de Industria. El Grupo Parlamentario Socialista en Las Cortes rechazará mañana jueves en el Congreso la enmienda aprobada en el Senado a propuesta de CiU (con apoyo del PSOE), de derogar el artículo del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se crea el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables.
Con esta moción se deroga el Registro de Preasignación, creado el pasado mes de mayo, y se modifica lo establecido en el decreto 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia (500 Mw), se otorgaría un plazo mínimo de doce meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto.
La presión política de los presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, del propio PSOE y el PP, además del sector termosolar, ha determinado que no solo el grupo socialista modifique su posición sino que hasta CiU haya admitido los graves inconvenientes que generaba.
El propio vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha coordinado los contactos con los presidentes autonómicos, quienes a su vez habían recibido la queja de los empresarios afectados en cada comunidad.
El asunto ha sido debatido intensamente en las últimas 48 horas en el seno del Grupo Parlamentario Socialista, que ha analizado las quejas, argumentadas, del sector termosolar, quien había advertido que la enmienda comprometía el futuro de inversiones superiores a 10.000 millones de euros y la creación de 300.000 puestos de trabajo y que suponía una auténtica contradicción para un gobierno que presume, por ejemplo ante Estados Unidos, de ser pionero en el uso de energías renovables.
La reacción del sector
Según Luis Crespo, portavoz de la Asociacion Protermosolar, la modificación legislativa hubiera beneficiado claramente "a los lobbys del gas y el carbón".
Según esta organización empresarial, la tecnología termosolar había puesto a España "en una situación poco habitual de liderazgo internacional en un momento en el que se abren perspectivas de importantes mercados en otras regiones del mundo como Estados Unidos o los países del norte de África".
El volumen de obra en curso en España, con las aproximadamente 30 plantas (1500 MW) que se encuentran en construcción, se sitúa en unos 10.000 MW.
De aprobarse la enmienda, los daños superarían 5.000 millones de euros y generarían un aluvión de demandas por responsabilidad patrimonial al Estado Español. Además de los daños a los promotores de las plantas en construcción, también se causarían graves perjuicios a los promotores que presentaron sus expedientes a la inscripción en el registro de preasignación y que totalizaban unos 4300 MW repartidos en unas 100 plantas. Dichas empresas habrían invertido no menos de 25 MW por planta al haber tenido que desarrollar los proyectos, reservar los componentes principales, el punto de acceso a la red etc.
¿Se quemaba el PSOE con la termosolar?
