Economía.- Aemec pide la nulidad del cierre de Garoña porque debió fijarse por decreto y no por orden ministerial

Las indemnizaciones por lucro cesante podrían ascender a 1.000 millones, según los minoritarios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó hoy un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial de cese definitivo en 2013 de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En una rueda de prensa, uno de los abogados artífices del recurso, Juan Ortiz, explicó que como particularidad el recurso de Aemec se ha presentado ante el Tribunal Supremo, y no ante la Audiencia Nacional, la instancia a la que han acudido Nuclenor y la Junta de Castilla y León.

Esta decisión se debe a que la denuncia de los minoritarios se centra en la forma en la que se decidió el cierre, mediante una orden ministerial, cuando desde su punto de vista debió haberse decidido a través de un real decreto fruto del visto bueno del Consejo de Ministros y, por ello, de una decisión política.

Esta segunda fórmula, explicó Ortiz, hubiese obligado a que el Gobierno se responsabilizase del pago de unas indemnizaciones que, si se calculan sobre la base del lucro cesante hasta 2021, la fecha de cierre propuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), podrían ascender a 1.000 millones.

Al margen de estos posibles perjuicios, el recurso presentado hoy se centra en argumentar por qué Amec tiene potestad para presentarse como parte interesada en el caso y por qué se acude al Supremo y no a la Audiencia. Una vez obtenida respuesta de esta instancia, la asociación, que dice representar a unos 85.000 accionistas, estudiará la posibilidad de pedir indemnizaciones para los minoritarios.

Aemec cuenta con el apoyo de la federación europea de asociaciones de pequeños accionistas, Euroshareholders, que ha mostrado su interés por el caso a la vista del número de pequeños inversores minoritarios en los capitales de Endesa e Iberdrola.

UNA ORDEN QUE "ENCUBRE" DECISIONES POLITICAS.

"Una orden ministerial acordó el cese, pero de su contenido se deduce que el cierre fue por razones políticas y por el interés general", por lo que la fórmula empleada debió haber sido un real decreto, afirmó Ortiz, quien recordó que la propia Constitución establece que la política energética corresponde al Consejo de Ministros y al Gobierno, "y no al ministro correspondiente".

Para demostrar que "la orden ministerial es un aparato que encubre lo que debiera ser un real decreto", Aemec presenta ante el Supremo, entre otras pruebas, declaraciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, en las que se dice que la decisión fue "de todo el Gobierno" y de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que la decisión se tomó "en el marco de la política energética y en cumplimiento de un compromiso del Partido Socialista".

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