Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid tuvieron un lamentable coste humano: 191 fallecidos y más de 1.700 heridos. Casi tres años después llega el juicio que sentará en el banquillo de los acusados a partir de mañana a 29 procesados, entre autores y cooperadores de la masacre, y que tendrá otro coste: el económico.
El macrojuicio por el 11-M supondrá al Estado 1.667.000 euros, de los que más de la mitad se destinarán a pagar a los abogados de oficio de la mayoría de los imputados y a las obras de acondicionamiento de la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid. Esta cantidad se puede incrementar si el juicio se prolonga más allá de los cuatro o cinco meses previstos.
20.000 euros por abogado
La mayoría de los 29 acusados han estado representados durante toda la instrucción de la causa por abogados de oficio, quienes en estos casi tres años se han quejado en repetidas ocasiones por los escasos medios técnicos y económicos con los que contaban. El ya ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar zanjó la polémica el 18 de septiembre pasado con una última oferta: 20.000 euros por abogado.
El departamento que ahora dirige Mariano Fernández Bermejo ha destinado a este concepto 420.000 euros, según informaron fuentes del Ministerio a elEconomista. Por su parte, el gasto en procuradores presupuestado es de 25.000 euros. Justicia ha aportado también una cantidad similar a la de los letrados de oficio para sufragar las obras de acondicionamiento de la sede de la vista oral realizadas especialmente para este macrojuicio.
Pantallas de plasma
Las nuevas tecnologías también estarán presentes en el macrojuicio, con un coste total de 221.000 euros. Para la vista del 11-M se han instalado 17 pantallas de plasma, que permitirán a víctimas, periodistas y público seguir el juicio en directo. Dentro de la sala de vistas, cuatro minicámaras dirigidas por un realizador, tutelado por el tribunal, recogerán las imágenes que serán emitidas por una señal institucional.
Asimismo, en el interior de la sala habrá dos cabinas de traducción; un nuevo equipo de megafonía con 43 micrófonos; una cámara de documentos instalada en el techo para que todos los documentos que se aporten en el juicio puedan ser visionados a través de las pantallas de TV, además de un sistema digitalizado para grabar en soporte digital todas las sesiones del juicio.
Por primera vez, la Audiencia Nacional empleará la notificación telemática. Los procuradores podrán evitar los desplazamientos físicos, ya que recibirán las notificaciones a través de Internet, siempre que dispongan de firma electrónica certificada. El programa que se usará a tal efecto es Lexnet, creado por el Ministerio de Justicia y que sólo se ha aplicado en León y Elche como experiencia piloto.
460.000 euros de medios personales
En el juicio comparecerán 650 testigos y 98 peritos. Muchos de ellos podrán hacerlo a través de videoconferencia, con el consiguiente ahorro de gastos de desplazamiento. Por otro lado, los medios personales que atenderán el juicio costarán al Ministerio 460.000 euros, mientras que los gastos de funcionamiento se han estimado en 120.000 euros.
Pero todos estos gastos, que suman 1,7 millones de euros, van precedidos de otras inversiones en la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo. El alquiler de este inmueble cuesta a Justicia 280.000 euros anuales, mientras que las obras de acondicionamiento que se efectuaron en un principio para convertir al edificio en la sede de los macrojuicios de la Audiencia Nacional ascendieron a unos 900.000 euros. El desembolso total, sumando gastos adicionales, fue de 1.458.707,67 euros.
Procesados en prisión
A partir de mañana se sentarán en el banquillo 29 procesados. Los 18 que están en prisión preventiva seguirán la vista desde una cámara blindada situada en un lateral del interior de la sala, mientras que los 11 que están en libertad, se sentarán enfrente del tribunal. Entre los procesados hay nueve españoles. Sobre uno de ellos, Emilio Suárez Trashorras, recae la mayor petición de pena, 38.670 años de cárcel, como presunto cooperador necesario de la matanza por haber proporcionado a los terroristas la dinamita para atentar en los trenes.
El resto de acusados provienen de Marruecos, Argelia, Siria y Egipto. Para siete de ellos, la fiscal Olga Sánchez pide penas de más de 270.600 años de cárcel, como autores de 191 asesinatos consumados y 1.824 en grado de tentativa.
El tribunal está compuesto por Javier Gómez Bermúdez -como presidente y ponente-, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara, presidentes de las Secciones Primera, Segunda y Tercera de la Audiencia Nacional, respectivamente. La fiscal Olga Sánchez estará acompañada en las primeras sesiones por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y el teniente fiscal, Jesús Santos.
Un sumario de 93.226 folios
Asimismo, dos abogados del Estado ocuparán el lado derecho de la sala. A la izquierda, a los 26 letrados de la acusación (tres de ellos representan a dos acusados cada uno) hay que sumar los 23 letrados de la acusación, entre acusaciones particulares y populares.
El sumario del 11-M está compuesto de 241 tomos y 93.226 folios. Durante la instrucción se realizaron 60 careos, 30 ruedas de reconocimiento, una veintena de comisiones rogatorias y 200 pruebas de ADN. Pero la verdadera magnitud del juicio la da el número de periodistas acreditados: 390.
