La reunión de anoche entre los sindicatos y el ministro de Trabajo, Corbacho, sobre la ayuda a los parados que hayan agotado el subsidio no arrojó resultados. Como es conocido, las organizaciones obreras consideran insuficiente la ayuda de 420 euros recientemente acordada por decreto-ley -todavía no convalidado en el Parlamento- que se concederá durante seis meses a los parados que se queden sin cobertura a partir del 1 agosto y durante los 180 días posteriores. Unas 340.000 personas se beneficiarán de esta ayuda.
Evidentemente, esta medida, que se ha presupuestado en 642 millones de euros, es discriminatoria porque se quedan sin cobertura quienes agotaron el subsidio antes de la mencionada fecha. De ahí que los sindicatos exijan la universalización de la medida a todos los parados sin prestación o, como mal menor, su concesión a quienes hayan agotado el paro a partir del 1 de enero. El Gobierno tan sólo ofrece la ampliación del plazo en sesenta días, es decir, a los que se encuentren sin ayuda desde el 1 de junio. Ello beneficiaría a unas 100.000 personas más y costaría unos 200 millones de euros más.
Corbacho dijo ayer a los sindicatos que "el Presupuesto no lo aguanta todo", pero los sindicatos lo quieren todo, como es natural, con el argumento -poco contestable- de que es radicalmente injusto favorecer mediante ayudas no contributivas a unos desempleados y no a otros. Al Gobierno le corresponde ahora frenar esta exigencia hasta un punto de equilibrio adecuado.
Si el Gobierno lo hubiera pensado antes, quizá hubiese encontrado la solución al problema por el procedimiento de negociar con las comunidades autónomas una ampliación del salario social ya existente, que es de cuantía semejante a la nueva ayuda y que se concede a las personas sin ingresos.
No hace falta decir que el incremento incontrolado del déficit público puede agravar seriamente la crisis y retrasar la recuperación. De ahí que el Gobierno tenga la obligación de acomodar las políticas sociales a pautas de realismo y sentido común. Es muy deseable socorrer a quienes entran en la indigencia, tanto por razones humanitarias cuanto por evitar un estallido social, pero ello debe hacerse con tasa y mediante el esfuerzo de todas las administraciones.
