Economía

Estafa Filatélica.- Ausbanc acusa a Salgado de eludir obligaciones al delegar el control del negocio de bienes tangibles

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) acusó hoy a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, de "eludir sus obligaciones" al delegar en las Comunidades Autónomas el control del negocio de bienes tangibles, tal y como contempla el borrador del Anteproyecto de Ley elaborado por el ministerio.

Ausbanc calificó de "torpeza absoluta" la decisión del Ministerio de Sanidad y Consumo al que acusó de "lavarse las manos" en el control de este sector después de la intervención el año pasado de Fórum Filatélico y Afinsa con el resultado de más de 400.000 afectados.

El Anteproyecto de Ley confirma, según Ausbanc, la intención de la ministra de Consumo de "querer borrar" la Disposición Adicional 4ª de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Esta Disposición, que será derogada por la nueva Ley, "tenía que haber sido desarrollada vía reglamento por el Gobierno, que una vez más desoye las exigencias de los consumidores y plantea un nuevo texto con el que trata de eludir su responsabilidad".

Elena Salgado se reunirá mañana con los responsables de consumo de las distintas Comunidades Autónomas con motivo de la Conferencia Sectorial de Consumo. En el transcurso de la reunión se debatirá el texto del Anteproyecto de Ley de regulación de los bienes tangibles.

Ausbanc espera que durante la conferencias "se analice en profundidad el articulado y se exija a la ministra que tome las riendas del asunto", ya que, de prosperar este texto, el nuevo marco normativo "contará con 17 leyes diferentes".

El Anteproyecto de Ley que regulará la protección de los consumidores y usuarios en la relación con las empresas que comercializan bienes tangibles, para evitar situaciones como las recientemente ocurridas con Afinsa o Forum Filatélico, se encuentra al inicio de su tramitación.

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, presentó en la última reunión del Consejo de Ministros de 2006 un informe sobre dicho anteproyecto, cuyo objetivo señaló es "aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos que adquieran estos bienes, así como ofrecer mayores garantías a los consumidores y una mejora en los mecanismos de información, publicidad y control de estas actividades".

La norma será de aplicación en las relaciones que se establezcan entre los consumidores y personas físicas o jurídicas que comercialicen bienes y servicios con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización.

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