
Santiago de Compostela, 6 ago (EFE).- El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado hoy que la decisión de anular el concurso eólico de la anterior legislatura y de arbitrar una ley para regular el sector supone un proceso "blindado" respecto a tener que la CCAA tenga que hacer frente a indemnizaciones que pudiesen solicitar los beneficiarios.
En rueda de prensa tras el Consello semanal del Ejecutivo gallego, el presidente insistió en que este nuevo procedimiento trata de restaurar la legalidad y de establecer seguridad jurídica, ante la posibilidad de que las decisiones tomadas por el anterior Gobierno pudiesen acarrear la nulidad plana del concurso.
Núñez Feijóo destacó que si alguna empresa beneficiaria por el concurso, que se dirimió el pasado 26 de diciembre por el Gobierno y en el que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, "queda libre" para reclamar alguno de los gastos de tramitación del proyecto,, pero insistió en que esta misma tramitación le servirá para volver a presentarlo.
A juicio del presidente gallego, en todo caso, estos gastos no serían de gran relevancia, mientras también destacó que la ley habilita al empleo del canon para hacerles frente.
Pero, manifestó, "no pensamos que haya indemnizaciones por esta decisión; lo que sí teníamos serias dudas de que nos metiésemos en un procedimiento de una enorme trascendencia patrimonial" si se mantenía este concurso, "con cuatro tachas de ilegalidad".
Además, el jefe del Ejecutivo gallego insistió en que la nueva fórmula elegida por el Gobierno, que hoy analizó el nuevo proyecto legislativo por el que se crea un canon ambiental para los molinos de viento, también trata de poner freno a cualquier posible especulación en el sector, ya que establece mecanismos para la transmisión de aprovechamientos eólicos.
Igualmente, apuntó que, cuando entre en vigor la ley, todos los parques eólicos, los que están funcionando y los nuevos, deberán pagar este canon, que supondrá luego un fondo medioambiental del que se beneficiarán más de la mitad de los Ayuntamientos gallegos en los que hay radicadas instalaciones eólicas.
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