
Madrid, 29 jul (EFE).- Uno de cada cinco jóvenes de entre 16 y 29 años está en paro en la Comunidad de Madrid, según un estudio dado a conocer hoy por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid que concluye que el desempleo en este colectivo era en el primer trimestre del año del 21,1%, frente al 13,2% en igual período del 2008.
El presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM), Jaime Chapatte, y el del Consejo de la Juventud de España, Daniel Lastao, han dado a conocer hoy los resultados del último informe del Observatorio Joven de Empleo en España correspondiente al primer trimestre del 2009.
En el caso de las mujeres jóvenes, la tasa de desempleo es superior y alcanza el 22,3 por ciento y entre los jóvenes extranjeros, que según Chapatte disponen de menos recursos familiares, el porcentaje es del 26 por ciento.
A la hora de buscar un empleo, un 51,2 por ciento de los jóvenes madrileños tarda más de tres meses en encontrarlo, mientras que hace un año esta inversión de tiempo afectaba al 41,2 por ciento de los jóvenes.
La mayoría de los contratos que se firman son temporales, modalidad que en el sector público es del 52 por ciento.
Se ha producido un "bloqueo de la contratación" en las administraciones públicas, lo que merma "la calidad de los servicios públicos", ha añadido el presidente de la CJCM.
Con respecto al sector Servicios, que es el que más ocupa a los jóvenes, el informe indica que en él está empleado el mayor número de mujeres: un 91,3 por ciento.
La formación y el nivel de estudios influye en estos datos de desempleo juvenil, así, el 92 por ciento de los titulados universitarios cuenta con un empleo.
Para luchar contra estos datos, desde el CJCM, se proponen medidas como el aumento de la inversión en I+D+I, cambiar el modelo productivo, retomar el diálogo social para debatir cómo "aumentar la competitividad del mercado español" y la reforma de los servicios públicos para fomentar la formación y la recolocación.
Otras medidas que también propone el CJCM son la rebaja del transporte público para los desempleados y asegurar el cumplimiento de la legalidad por parte de las empresas contratadoras en materias como la temporalidad o riesgos laborales.
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