Los terroristas han recaudado al menos 122 millones de euros gracias al chantaje a las empresas
madrid. El miedo ha sido la mejor vía de financiación de ETA a través de los años. La extorsión (a través del denominado impuesto revolucionario), los secuestros (y sus correspondientes rescates) y los asesinatos selectivos contra empresarios han obtenido un rendimiento macabro de 120 millones de euros desde 1978. Dicho al revés: es el dinero que los empresarios vascos han desembolsado para garantizarse un poco de tranquilidad.
Fue en 1972 cuando ETA secuestró a su primer empresario y comenzó una senda que se ha ido perfeccionando con los años. Tanto se ha perfeccionado que son muchos los que opinan que estos dos años de ausencia de asesinatos, que han desembocado en un alto el fuego, también han servido para que los etarras engorden sus cuentas con una intensa campaña de extorsión.
Las mismas cuentas que apuntan a una factura de 122 millones desde 1978 consideran que en los últimos años la recaudación por el impuesto revolucionario ha sido de seis millones anuales. Eso, sólo a través de la extorsión, ya que el rescate, que siempre ha sido la manera más rápida de ingresar dinero, no lo practica ETA desde 1997, desde el día en el que asesinaron a Miguel Ángel Blanco.
Un informe realizado por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero (dirigido por Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua) sostiene que ETA ha sacado especial provecho a las prácticas mafiosas del chantaje a lo largo de su existencia. Por un lado, gracias a los secuestros, los etarras han conseguido cerca de 80 millones de euros, con años particularmente gravosos para los empresarios como 1988 (14 millones), 1983 (12 millones) y el propio 1997 (10 millones de euros).
Por su parte, la extorsión y los atracos han seguido una línea más uniforme a través de los años, hasta concretarse en esos seis millones de media anuales. Sin embargo, y para constatar la idea de que ETA estaba exprimiendo el filón antes de anunciar el alto el fuego, llama la atención que en 2003 recaudara por estas prácticas 7,2 millones de euros. Y en 2004, la cifra ascendió hasta algo más de nueve millones. No hay datos de 2005, pero todo apunta a que la presión creció y a que los empresarios fueron las principales víctimas en estos tres años sin asesinatos.
No hay que olvidar que a principios de 2003, el Gobierno del PP ilegalizó al brazo político de ETA (Batasuna) y, por lo tanto, dejó al entorno etarra sin una importante fuente de financiación, tanto en concepto de las ayudas directas que se dan a los partidos políticos como a través de los ayuntamientos en los que gobernaban los abertzales.
Dos grupos de pagadores
La caza de brujas contra la rama política de ETA agudizó el ingenio en el cobro del impuesto revolucionario porque la banda no estaba acostumbrada a apretarse el cinturón. Empezó entonces a amenazar a pequeños empresarios, comerciantes y profesionales liberales; extendió el colectivo extorsionado en otras comunidades autónomas, como Madrid, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana.Pero, sobre todo, segmentó el pago en dos grupos: uno, que consideró "sensible" a las pretensiones terroristas; y otro, al que se le tildó de "enemigo". A los primeros, se les cobraba entre 12.000 y 24.000 euros como cuota; y a los segundos, entre 120.000 y 300.000 euros. Para los que no pagasen en su momento, se les aplicaban intereses de demora.
A los más "enemigos", que ni siquiera se atienen a los intereses, ya se les atacaría mediante bombas (aquí se explica la proliferación de pequeños -o no tan pequeños- atentados contra instalaciones empresariales en los últimos meses). Toda una estrategia que a partir de ahora, si el comunicado de ayer es sincero, debería paralizarse. Debería...
