MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Trabajadores de la factoría en Alcalá de Henares (Madrid) de Electrolux se manifestaron hoy ante el Ministerio de Industria contra la incertidumbre de su futuro y sobre las inversiones previstas en la planta por parte de la dirección.
Los manifestantes explicaron que en la última reunión mantenida con ELECTROLUX (ELUXB.ES)"la empresa ha vuelto a retrasar hasta finales de año el informar de sus planes a los sindicatos ya que esta planta está todavía en fase investigación". La planta de Alcalá ocupa a 450 trabajadores directos y más de 250 indirectos en una comarca especialmente azotada por el desmantelamiento industrial.
CC.OO. y UGT han pedido también una mayor implicación del Ministerio de Industria y de la Comunidad de Madrid para que eviten el cierre de la planta tras las ayudas públicas que ha recibido el grupo sueco para garantizar su viabilidad.
Por otra parte, la Sección Sindical de CCOO en la planta que IVECO-España tiene en Valladolid, con la manifestación de esta mañana (11,00 h) en Valladolid manifiesta así su rechazo por la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del tercer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado por la multinacional italiana, en contra de lo manifestado por el comité de empresa en el informe negativo aportado una vez finalizó el periodo de consultas hace unos días.
Los delegados de CCOO en el comité de empresa ponen de manifiesto el grave incumplimiento, por parte de la empresa, de la cláusula de garantía que figuraba en los dos acuerdos de ERE anteriores, y que fueron homologados por los mismos responsables de la Junta que ahora aprueban este tercer expediente en los términos que marca la Ley. Este paso deja a los trabajadores en una situación más que delicada a nivel económico, dañada ya por la aplicación en su totalidad de los 115 días solicitados en los dos expedientes pasados. Y no solo eso, sino que les deja fuera de la línea de ayudas que la propia Junta puso en marcha para los trabajadores afectados por el ERE, ya que en IVECO se supera ampliamente el número de trabajadores máximos afectados por empresa, que la Administración regional fijó en 250.
